El ataque armado registrado el pasado 19 de abril en Saravena, Arauca, que dejó gravemente herida a la docente Paola Infante Jaimes, directora del Centro Educativo Rural Atanasio Girardot, generó un fuerte rechazo por parte del magisterio, organizaciones sindicales y defensores de derechos humanos, quienes coinciden en exigir investigaciones urgentes y garantías para la población civil.
La Asociación de Educadores de Arauca (Asedar) calificó el hecho como “profundamente doloroso” y expresó su rechazo categórico, señalando que el vehículo en el que se movilizaba la docente fue atacado de manera indiscriminada. Según versiones de la comunidad recogidas por el gremio, el caso podría comprometer a integrantes de la fuerza pública, lo que —de confirmarse— constituiría una grave vulneración a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
En la misma línea, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció presuntas irregularidades ocurridas tras el atentado con explosivos contra uniformados en el barrio La Esperanza. De acuerdo con su informe, luego del ataque se habrían presentado acciones de la fuerza pública contra civiles, entre ellas disparos contra el vehículo en el que se transportaba la docente, quien sufrió heridas de gravedad en cabeza, tórax y extremidades.
La organización también reportó la presunta retención de dos jóvenes, uno de ellos identificado como Roy David Jiménez Maldonado, de 23 años, quienes habrían sido sacados de sus viviendas de manera violenta. Aunque uno fue dejado en libertad, del otro no se tiene información sobre su situación actual.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) subdirectiva Arauca rechazó el ataque y advirtió sobre posibles responsabilidades de agentes estatales, insistiendo en que “la violencia no puede normalizarse” ni justificarse en medio del conflicto armado.
“El ataque a una maestra no puede considerarse un daño colateral. La escuela debe ser respetada como territorio de vida”, señaló la organización sindical, que calificó lo ocurrido como un hecho de alta gravedad política, social y humana.
Tanto Asedar como la CUT y la Fundación Joel Sierra hicieron un llamado conjunto a las autoridades y entes de control para adelantar investigaciones rigurosas, independientes y transparentes que permitan esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades y evitar la impunidad.
Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial frente a estos señalamientos.
