Los líos judiciales del ex gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal lo tienen en una verdadera encrucijada. Una investigación disciplinaria en la Procuraduría, una penal en etapa preliminar en la Fiscalía, varias irregularidades presupuestales durante su administración (2004-2007) detectadas por la Contraloría y, como si fuera poco, la evidencia de que les otorgó millonarios contratos a dos personas que luego terminaron procesadas y condenadas por sus vínculos con el Eln, constituyen un cenagoso panorama que lo tiene enfrentando distintos requerimientos de los organismos competentes.
En reciente decisión, el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, le formuló pliego de cargos, junto a otras 13 personas, entre quienes se cuentan varios diputados, el ex secretario de Hacienda del departamento y el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto. Según el voluminoso documento, conocido por El Espectador, Acosta excedió sus funciones al tramitar en la Asamblea varias ordenanzas que lo facultaron para la creación de una tasa especial en virtud de la cual cada contrato celebrado por el gobierno departamental sería gravado con un 4,50e su valor "para efectos de compensar los gastos administrativos de la actividad contractual".
De hecho, el 6 de febrero de 2004, días antes de la expedición de las cuestionadas ordenanzas, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda le envió una comunicación al gobernador Acosta en la que de manera inequívoca se dejó constancia de que la tasa de fortalecimiento administrativo "era manifiestamente contraria a la ley". Precisamente, el jefe de la oficina jurídica de la Contraloría, Iván Darío Gómez, interpuso recurso de nulidad en contra de estas ordenanzas por considerarlas ilegales ante el Tribunal Administrativo de Arauca.
Lo curioso es que el magistrado ponente del proceso, Wilson Arcila, no sólo no se declaró impedido para conocer del expediente -pese a ser esposo de la asesora del entonces gobernador Acosta, María del Pilar García-, sino que además se negó a decretar la suspensión provisional de esta tasa especial, que finalmente fue tumbada por la Sección Tercera del Consejo de Estado que, al resolver una acción popular, consideró el 16 de abril de 2007 que dicho ‘impuesto' era abiertamente inconstitucional.
No obstante, según cálculos oficiales, a través de esta tasa el gobierno departamental de Acosta recaudó cerca de $16 mil millones, que fueron usados como "una caja menor" para solucionar necesidades de la región, adquirir equipos tecnológicos, papelería y pago de salarios. Usos que, según los denunciantes, fueron indebidos. Por esa razón, el jefe del Ministerio Público, Edgardo Maya, sostuvo en el auto de pliego de cargos a Acosta que éste tenía conocimiento de la ilegalidad de sus actos y que, aún así, continuó impulsando el efectivo cobro de esta tasa especial.
El Espectador conoció el proyecto de ordenanza que facultó al ex gobernador Acosta para promover la tasa especial de fortalecimiento administrativo. Para mostrar la legalidad de la creación de este impuesto, el ex funcionario resaltó dos decretos del Ministerio de Hacienda: el 145 de 1996 y el 1794 de 1998. Lo curioso, sin embargo, es que el primer decreto, según el Diario Oficial, autorizó la comisión de servicios al exterior de un funcionario de Planeación Nacional. Y en el segundo, expedido por el Ministerio de Agricultura, se formalizó y aceptó la renuncia de la directora del Incora en Cali.
Por estos hechos, Acosta fue denunciado penalmente en la Fiscalía General de la Nación por los delitos de prevaricato, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Este último delito, precisamente, sostiene el denunciante, se configuró luego de que el ex gobernador se amparara en normas inexistentes para darle visos de legalidad al polémico impuesto. Pero no es todo. El Concejo del municipio de Tame (Arauca) siguió el ejemplo del primer mandatario departamental y aprobó la creación de un tributo municipal de idénticos alcances al tramitado por Acosta.
No obstante, a través de su jefe jurídico, Carlos Augusto Rincón, el entonces gobernador Julio Acosta solicitó ante el Tribunal de Arauca que decretara la nulidad de los actos administrativos que dieron lugar a la expedición de dicho tributo en Tame, porque "ni los departamentos ni los municipios ejercen una soberanía tributaria" y sólo puede hacerlo el Congreso de la República. En otras palabras, aseguran los denunciantes de Acosta, "para el ex gobernador el impuesto que creó era sano y necesario, pero el que tramitaron en Tame excedía sus funciones". La verdad es que ambos eran inconstitucionales, sostienen sus detractores políticos.
Pero el ex gobernador Julio Acosta Bernal también deberá explicarle a la justicia cómo y por qué les otorgó entre noviembre de 2006 y diciembre de ese mismo año varios contratos, por un valor cercano a $20 mil millones, a las empresas Emicol Ltda. y la Sociedad de Servicios Sodesco. Dos de los socios de dichas compañías, José Santos Ruiz y Eliseo Velandia Martínez, fueron acusados por la Fiscalía de tener nexos con el frente Domingo Laín del Eln, que opera en esa región.
De hecho, el 15 de febrero de 2007, fiscales de la Unidad de Lavado de Activos, con el apoyo de la Dijín, ocuparon 75 bienes de presuntos colaboradores de esa guerrilla en Arauca, avaluados en $15 mil millones. En el mencionado operativo se ocuparon varias propiedades de José Santos Ruiz y Eliseo Velandia Martínez. Finalmente, el 3 de agosto de 2007 la jueza Marta Duarte los condenó a ambos por el delito de rebelión. El Espectador pudo establecer que Velandia se encuentra huyendo de la justicia.
Es este difícil panorama el que tiene en serios aprietos judiciales al ex gobernador Julio Enrique Acosta Bernal. Al cierre de esta edición no había podido ser localizado para que se pronunciara sobre las recientes decisiones de la justicia y las denuncias en su contra. Él, sin embargo, siempre se ha declarado inocente de cualquier cargo
