En el marco de la audiencia celebrada este lunes en la Comisión Séptima del Senado, en la cual diferentes actores del sector salud, expresaron su opinión respecto al proyecto de reforma al sistema, más de 130 organizaciones manifestaron que rechazan la iniciativa y aseguraron que de entrada el concepto bajo el cual se está haciendo es equivocado.
“El llamado que realmente le hacemos al gobierno es que deje de engañar a la población. A través de este proyecto se está restringiendo la tutela para los derechos de la salud. Pretenden regular este derecho fundamental y a la vez frenan este recurso judicial esencial”, enfatizó Gina Rojas, vocera de Dignidad Médica.
Por su parte, el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, dijo que, si bien el proyecto de ley pretende fortalecer el aseguramiento, se debe verificar que haya una articulación integral del rol que va a cumplir el asegurador, sin que esto se confunda con lo que harán las entidades territoriales y las IPS.
Aristizábal se refirió también al punto que tiene que ver con la depuración del aseguramiento, con plazo de un año y dijo que, “hemos ido depurando el sistema de forma contralada, por lo que creería yo, que el término de un año, podría ser inconveniente para el sistema en su conjunto, debido al impacto en la población afiliada a las aseguradoras o receptoras, pues requerirían una solvencia adicional, además del efecto que tendría especialmente sobre los prestadores, en lo que corresponde al pago de cartera”, concluyó.
A su turno, Lina María Aldana, delegada de la Contraloría, enumeró diferentes puntos del proyecto de ley, sobre los cuales la entidad tiene reparos, entre ellos, la propuesta de un programa de saneamiento en donde pide se profundice sobre las implicaciones que tiene el pago de esas deudas en los recursos públicos. Además, dijo que la propuesta no cuenta con un enfoque diferencial en materia de derechos humanos y añadió que debe quedar claro, cuál es el porcentaje que asumirá tanto el Gobierno Nacional como las nuevas aseguradoras, respecto al costo de la unificación de los regímenes.
De otra parte, el procurador delegado para la salud, Gelman Rodríguez, afirmó que este proyecto de ley, no resuelve los problemas estructurales que se presentan en Colombia en cuanto a la atención, debido a que no se está resolviendo la situación financiera, como el pago de los cerca de cinco billones que le adeudan las EPS liquidadas a los prestadores del sistema.
“Creo que es importante hacer una evaluación de fondo. Hay situaciones que hay que contemplar para garantizar ese principio de oportunidad, como es el tema de la atención de los pacientes, víctimas de accidentes de tránsito. Precisamente invitamos al Congreso de la República para que avalúe de forma seria la posibilidad de eliminar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en Colombia y que esos recursos sean trasladados al sistema de seguridad social en salud”, solicitó el funcionario.
