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Listo el programa que entregará a jóvenes hasta un millón de pesos por no delinquir

El gobierno ya expidió un decreto con el que se reglamenta el Programa Nacional ‘Jóvenes en Paz’, una estrategia dirigida a jóvenes entre los 14 y los 28 años, que se encuentran en zonas con altos índices de violencia, y que entregará una transferencia monetaria para evitar que caigan en manos de grupos ilegales o actos delictivos.

El objetivo es crear una ruta de atención integral por un periodo inicial de seis (6) meses que podrá prorrogarse hasta máximo dieciocho (18) meses, y donde se puedan dar oportunidades de educación para evitar que caigan en manos de los actores del conflicto armado. 

Los beneficiarios del programa ‘jóvenes en paz’ podrán recibir hasta un millón de pesos mensual, de acuerdo con el cumplimiento y asistencia que certifique la Dirección de Jóvenes en Paz del Ministerio de Igualdad y Equidad, con un máximo de doce (12) transferencias por beneficiario. 

Según este decreto, al programa podrán acceder los menores en condición de pobreza extrema, que residan en zonas rurales, victimas o personas con riesgo explotación sexual y personas que puedan ser vinculados a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado. 

Sin embargo, no podrán hacer parte las personas que tengan orden de captura o aprehensión por parte de una autoridad judicial, que hayan tenido una sanción o medida penal privativa de la libertad vigente y quienes ya hayan sido beneficiarios de otras transferencias monetarias. 

El decreto asegura que los jóvenes tendrán que cumplir compromisos sociales y académicos para hacer parte del programa, y que recibirán otros beneficios como orientación sociojurídica en relación con los procesos penales que existan en su contra o conflictos que se presenten. 

“Promoviendo con dicha atención que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado, se repare de forma directa o simbólica a las personas que se hayan visto afectadas y se genere el fortalecimiento de un tejido social afectado por la comisión de un delito u ofensa”, señala el documento.

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