La representante a la Cámara y candidata al Senado de la República, Lina María Garrido, denunció públicamente que el periodista Gonzalo Guillén habría revelado la ubicación exacta de su vivienda en Bogotá, hecho que —según advirtió— pone en grave riesgo su seguridad y la de su familia.
La denuncia fue realizada a través de un extenso pronunciamiento en sus redes sociales, en el que la congresista calificó el hecho como “extremadamente grave” y dejó constancia pública ante cualquier eventualidad que pueda afectar a sus seres queridos.
En su declaración, Garrido aseguró que la publicación de la dirección de su residencia constituye un acto criminal, al tratarse de información sensible sobre un esquema de seguridad, y señaló que esta situación se presenta en un contexto de hostilidad contra líderes de la oposición. “Publicó la dirección exacta de mi casa, el lugar donde vivo y vive mi familia”, afirmó.
La congresista también cuestionó la actuación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que no ha respondido de manera oportuna ni efectiva a sus solicitudes de fortalecimiento del esquema de seguridad, pese a los riesgos que, asegura, enfrenta por su actividad política.
En el mismo pronunciamiento, Garrido rechazó señalamientos publicados en el artículo en cuestión contra su esposo, a quien defendió como un exintegrante intachable de la Policía, y calificó las acusaciones como infundadas. En ese sentido, retó a que cualquier señalamiento sea llevado ante las autoridades competentes.
La candidata al Senado manifestó que, ante la divulgación de la ubicación de su vivienda y la amplificación del contenido en redes sociales, se ha visto obligada a abandonar su propia casa como medida preventiva, reiterando que no busca victimizarse, pero sí dejar constancia del riesgo que enfrenta.
Finalmente, Garrido responsabilizó de manera directa al periodista Gonzalo Guillén y al presidente Gustavo Petro por cualquier situación que pueda afectar a su familia, y aseguró que continuará ejerciendo su rol de oposición y denunciando lo que considera irregularidades del actual Gobierno.
El hecho ha generado reacciones en distintos sectores políticos, reabriendo el debate sobre la protección de datos sensibles, la seguridad de los líderes políticos y las garantías para el ejercicio de la oposición en el país.
