El pasado 30 de abril, el dirigente social Ángel María Salinas Quintero, actual fiscal de la Confederación Nacional de Acción Comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Galán en Saravena y presidente de la Asociación Departamental de Usuarios de la Salud – Asusalupa, fue víctima de una grave amenaza contra su vida.
Según lo denunciado, Salinas recibió una llamada telefónica en la que un desconocido lo intimidó y le ordenó abandonar el departamento de Arauca ese mismo día, advirtiéndole que, de no hacerlo, debería “atenerse a las consecuencias”. El interlocutor afirmó que la amenaza obedecía a una “orden directa de Pescado”.
Según el comunicado dado a conocer la tarde de este primero de mayo, el líder comunal ha sido objeto de constantes amenazas, perfilamientos y seguimientos en los últimos años, situación que refleja la creciente vulnerabilidad a la que están expuestos los líderes sociales en Arauca y en Colombia.
“Estos hechos hacen parte de un plan de exterminio sistemático que hemos denunciado desde hace años, y que incluye homicidios, desplazamientos, atentados y diversas acciones violentas. Desde enero de 2022, cuando fuimos declarados objetivo militar, la situación se ha agravado por estructuras que ahora se presentan bajo el nombre de las extintas FARC, pero que en realidad reconfiguran el accionar paramilitar en el territorio”, denunció una fuente cercana al movimiento comunal.
Ante esta situación, las organizaciones sociales reiteraron su llamado urgente al Estado colombiano para que adopte medidas eficaces y concretas que garanticen la vida e integridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región.
Asimismo, invitaron a todas las juntas de acción comunal, líderes y lideresas del movimiento comunal araucano a mantenerse alertas, extremar medidas de autocuidado y fortalecer estrategias colectivas de autoprotección frente a estas amenazas.
