En Arauca, el balance de orden público no podría ser más complejo. Las estadísticas indican que los asesinatos ascienden a 305 en lo corrido de este año, 47 secuestros registrados oficialmente, miles de desplazados y una sociedad atemorizada por los anuncios y los hechos de terror generados por los grupos armados ilegales que operan en la zona. Las razones son claras: disputas por el control político – económico y control territorial.
Los protagonistas de esta “Guerra Total” son el Ejército de Liberación Nacional – Eln y un grupo de hombres de las antiguas Farc, que hoy se conocen como disidencias, los cuales nunca han dejado de ser lo que fueron inicialmente, y mucho menos, abandonaron las zonas donde actuaron por décadas.
Durante más de 50 años, lograron construir redes de apoyo social y un entramado político – económico que se resiste a desaparecer, ante un Estado con una presencia extremadamente débil o ausente. Con una visión de mundo marcada por las corrientes políticas de la época (bien sean de origen cubano, chino o ruso), fueron consolidándose poblaciones enteras, estructuras sociales que se fortalecieron por la necesidad de tierras, en lo que se conoció como la ampliación de la frontera agrícola y por supuesto, de la violencia partidista de años atrás en Colombia.
Esta misma estructura, acompañada e impulsada por un reducido número de hombres armados, se fortaleció gracias principalmente por la extorsión a las compañías petroleras, y es precisamente desde allí, con las movilizaciones de campesinos, donde se comienzan a desdibujar y a entremezclar lo que sería una lucha armada y una lucha social.
En muchos casos esa línea se traspasó, convirtiéndose en un solo cuerpo, en una sola unidad, en la que en algunos casos se resguardan bajo el manto de organizaciones sociales con un poder de tal magnitud, que logran paralizar al departamento cuando así lo desean: bloquean vías, restringen el libre acceso hacia algunos lugares y presionan a los gobernantes, en favor exclusivamente de sus intereses, sin importar los derechos del resto de la población.
Todo esto para entender que, en ese entramado, muchos ciudadanos por convicción, adoctrinamiento o por obligación, fueron cooptados a su favor, a su estructura y a su línea de pensamiento. Así las cosas, no son pocos los casos en los que reconocidos miembros de este brazo político, llámense alcaldes, gobernadores, diputados, miembros de juntas comunales, de organizaciones sociales o sindicales… terminaron condenados por concierto para delinquir, rebelión, incluso por terrorismo.
Sin embargo, con el recrudecimiento del conflicto entre el Eln y las disidencias de las Farc por el control político, económico y social de Arauca, se comenzaron a visibilizar esas relaciones que, para muchos en algunos casos se mantuvieron ocultas, pero en otros no, usándose incluso para intimidar a la propia comunidad.
Es difícil decirlo, pero un gran porcentaje de los asesinatos registrados en el departamento de Arauca en estos 11 meses, obedece a esas dinámicas de relacionamiento de un sector de la sociedad con grupos al margen de la ley. Esa frontera entre lo que implica el trabajo social, sindical, político o comunal muchas veces fue cruzada, llegando a lo delictivo e ilegal y favorecido por la ausencia estatal. Esa doble condición que muchos ostentan, los puso en alto riesgo en medio de la confrontación, donde todos se conocen con todos, incluso las familias, los testaferros y todos aquellos que se hayan relacionado o que mantenga esa condición. Tal vez el único que no sepa de eso, sea el propio gobierno… o quizás se hagan los de la vista gorda.
Arauca está en medio de una espiral de violencia ascendente, a pesar de los anuncios de “Paz Total”. Pareciera que, en el inicio de estos diálogos con los grupos ilegales, se estuviera conversando con personas para quienes Arauca, sencillamente no existe o simplemente no les importa, tal como lo ha dejado ver el gobierno nacional. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas bombas? ¿Cuántos desplazados más se tendrán que registrar, para que se actúe e intervenga desde el orden nacional?, dado que las instituciones en la región fueron desbordadas.
Mientras se responden estos interrogantes, solo nos queda como sociedad civil, reiterarles a los grupos armados ilegales: ¡No más muertes, ni desolación en esta tierra!