Una grave alerta emitió la defensora del Pueblo, ante la crisis del sistema de salud y las consecuencias que está generando para los colombianos.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro crítico del sistema de salud en Colombia. En los últimos dos años, las quejas por fallas en la prestación de servicios han aumentado en un 75.7%, concentrándose principalmente en cuatro aspectos:
• Falta de oportunidad en la atención en medicina especializada: pasando de 4.262 quejas en 2022 a 9.349 en 2024.
• Deficiencias en el acceso a otros servicios médicos esenciales: de 4.607 quejas a 7.714 en el mismo periodo.
• Retrasos en la entrega de medicamentos, cuyas quejas se duplicaron en los últimos 2 años: pasamos de 2.123 en 2022 a 5.284 en 2025.
• Incumplimiento de tutelas y desacatos judiciales.
“La crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos. No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad. Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud”, indicó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
A través de las Defensorías regionales, se conocen múltiples deficiencias en la prestación de servicios médicos en distintas zonas del país, con casos especialmente críticos en el sur de Bolívar, sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño.
Medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud
Esta situación exige acciones en dos niveles: medidas inmediatas y ajustes estructurales en el sistema de salud. En el corto plazo, la Defensoría del Pueblo propone:
Establecer Puestos de Mando Unificado en Salud, con capacidad resolutiva en las regiones priorizadas, para atender las situaciones más críticas.
• Garantizar la implementación del Auto 007-2025 de la Corte Constitucional, que declaró el incumplimiento general respecto de la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación. La Defensoría realizará seguimiento riguroso a su cumplimiento, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos del sector.
• Asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, lo que implica fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos.
“El Gobierno tiene el deber de fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos. Las entidades privadas, como EPS, IPS y farmacéuticas, deben resolver con urgencia los problemas de disponibilidad de servicios y medicamentos”, reiteró Marín.
Según la defensora del pueblo, la insuficiencia de recursos en dinero debe ser resuelta por un canal paralelo que no condicione la entrega de bienes y servicios de salud a la solución de las diferencias sobre la financiación de los mismos.
Debate estructural sobre el sistema de salud
Sobre este punto, la entidad indicó que la reforma propuesta por el Gobierno ha generado tensiones y un prolongado debate en el Congreso, afectando la estabilidad del sistema.
“El sistema actual necesita reformas. Hay consenso en que se requiere fortalecer la atención primaria en salud, en que existen problemas en el esquema de rectoría y gobernanza, la infraestructura hospitalaria es limitada, es difícil interpretar la correlación entre los recursos asignados y la garantía del derecho a la salud, y es necesario reformar las condiciones laborales del personal de salud. Esta crisis debe ser una oportunidad para corregir estos problemas y fortalecer el sistema”, señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La Defensoría del Pueblo, en concepto enviado a la Comisión Séptima del Senado, considera que cualquier reforma debe:
• Preservar los avances alcanzados en el sistema de salud, garantizando que el nuevo modelo no sea regresivo.
• Asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, con un esquema de financiación sólido y equitativo.
• Incluir un plan de transición detallado, con indicadores específicos y mecanismos de seguimiento, respaldado por un estudio independiente de sostenibilidad fiscal.
• Fortalecer el control sobre el acceso y uso racional de los medicamentos.
• Garantizar un proceso de deliberación amplio e incluyente, donde se escuchen todas las voces involucradas en el sistema de salud.
