La Fundación Ideas para la Paz explica a fondo las 10 zonas críticas por pérdida del control estatal que también fueron identificadas por el Gobierno. En ellas se evidencia que el accionar de los grupos armados ilegales no es contra el Estado sino entre ellos mismos por el control territorial y social.
Las 10 zonas críticas en Colombia
Arauca: Sarare y Puerto Rondón.
Guaviare: Trocha Ganadera y río Inírida.
Caquetá: El Pato-Balsillas y Bajo Caguán.
Putumayo: Medio Putumayo.
Nariño: Pacífico nariñense y río Mataje.
Antioquia: Norte y Nordeste.
Bolívar: Serranía de San Lucas y región sur.
Chocó: Atrato y San Juan.
Cauca: cañón del Micay y región norte.
Norte de Santander: Catatumbo.
Estas zonas según la Fundación Ideas para la Paz agrupan a 40 municipios que comparten varias características: son territorios en disputa entre grupos armados, estratégicos para economías ilegales y con una presencia institucional frágil. Un punto clave es que en estas zonas no hay una disputa del grupo contra el Estado sino una confrontación entre grupos por el control social y territorial. Así lo explica Gerson Arias de la Fundación Ideas para la Paz.
“Son áreas de disputa entre grupos armados, tiene incidencia o influencia de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, existe una cooptación de las comunidades en función de la violencia. Hay un enorme impacto humanitario derivado del desplazamiento, el confinamiento y el reclutamiento forzado”.
Llama la atención la situación de Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander, que además son zonas de frontera con Ecuador y Venezuela. Lo que ocurre en estas regiones evidencia la dimensión transnacional del crimen organizado y las debilidades de la estrategia de seguridad en áreas limítrofes.
Para la Fundación Ideas para la Paz estas zonas críticas reflejan la expansión y la consolidación de formas de gobernanza criminal por parte de grupos armados donde el Estado es muy débil para tomar el control. También se evidencia que en todos los municipios bajo alerta operan grupos armados con los que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha adelantado o intentado negociaciones en el marco de la política de Paz Total y por eso este escenario muestra una desconexión esa política y la estrategia de seguridad y pone en evidencia limitaciones en la visión, el método y la capacidad de implementación.
