La senadora Holguín denunció penalmente al Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y a otros 18 ministros del gobierno Petro por firmar una solicitud para convocar la nueva consulta popular sin tener la competencia legal para ello.
Según Holguín, los decretos de delegación no otorgaban esa facultad, por lo que considera que los funcionarios incurrieron en los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública.
La denuncia también fue enviada a la Procuraduría para que se investigue disciplinariamente a los involucrados.
La denuncia de Paola Holguín no solo plantea cuestionamientos sobre la legalidad de las actuaciones del gabinete, sino que también anticipa un nuevo capítulo de confrontación entre la oposición y el Gobierno en torno al uso del mecanismo de consulta popular. Ahora, será labor de los órganos de control determinar si hubo realmente una extralimitación de funciones o si se trata de una estrategia política en medio de un clima electoral cada vez más tenso.
