El ente de control dijo que según las cifras del INPEC, hay 1.565 personas que pese a haber cumplido la pena impuesta permanecen en la cárcel, mientras que 13.742 ya cumplieron las 3/5 partes de su sentencia, 846 sufren una enfermedad catastrófica, 13.465 fueron sindicados de delitos hace más de un año y 72 están pendientes del brazalete electrónico.
Por eso pidió a las autoridades judiciales dar prioridad a esos casos donde se puede aplicar la legislación penal ordinaria para hacer efectivos los derechos y beneficios de excarcelación. «Para los casos de personas con enfermedades catastróficas es necesario garantizar la intervención de profesionales idóneos que determinen sus condiciones de salud, en caso de no contar con las certificaciones respectivas expedidas por el Sistema de Seguridad Social», dijo la Procuraduría.
Además dijo que en conjunto con la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales, constituirán comités «para identificar los casos donde se puedan hacer efectivos esos derechos y realizar las solicitudes respectivas».
