La más clara explicación de la “intrascendencia” de la Comisión de Acusaciones del Congreso, la hizo la Vicepresidente de la República: Martha Lucia Ramírez, en una columna del periódico El Colombiano.
El escrito titilado: “¿COMISIÓN DE ACUSACIONES O COMISIÓN DE ABSOLUCIONES?, refleja la imagen de la opinión pública nacional sobre esta “inútil” comisión. El siguiente es el texto de la columna:
“Si ha existido en Colombia una institución inútil a la hora de impartir justicia es la llamada “Comisión de Acusaciones”, pero que en la práctica ha sido una “Comisión de absoluciones”. Existe hace más de dos siglos, pero pocas veces ha cumplido su propósito: acusar ante el Senado a quienes tienen fuero especial como magistrados, fiscal general y al presidente, cuando haya causas para investigarlos penalmente.
Los resultados de esta Comisión son desalentadores. El último proceso que derivó en sanción provocó el retiro de la Corte Constitucional del magistrado Jorge Pretelt en 2015. Sin embargo, no hay antecedentes que muestren que esta corporación ha impartido justicia. Incluso en el tristemente célebre proceso 8000 la Comisión fue inoperante, pues a pesar de todas las pruebas que señalaban una financiación ilegal de la campaña de Ernesto Samper por parte del narcotráfico , el acusado resultó absuelto y el proceso archivado.
En nuestro país los corruptos se roban al año 50 billones de pesos, según informe de la Contraloría General, por lo cual resulta inaceptable que no haya un tribunal que juzgue a altos funcionarios. No podemos permitir que se vulnere un principio básico del Estado de Derecho: Ningún ciudadano puede estar por encima de la ley.
El escándalo de Odebrecht demostró lo que dijimos en la campaña del 2014: la corrupción ha alcanzado proporciones descomunales en Colombia y en gran parte de la región. Tal situación obedece a debilidad de las instituciones y por ello su fortalecimiento es prioritario para que apliquen la ley a todos por igual y se acabe el “todo vale”. Mientras el Estado sea incapaz de hacer cumplir la ley, los corruptos continuarán a sus anchas. Si la ‘Comisión de Absoluciones’ investiga a los magistrados enlodados en escándalos de corrupción, sabemos que todo seguirá igual y quedarán en la impunidad. Igual sucede con el Consejo Nacional Electoral, al que el presidente ha pedido archivar la investigación en su contra por la financiación ilegal de Odebrecht en sus dos campañas. El CNE no da garantía a los colombianos de que habrá un juicio basado en derecho y no en conveniencias políticas.
La Corte Constitucional declaró inexequible la reforma del equilibrio de poderes que eliminaba la Comisión de Acusaciones y creaba un tribunal de aforados, independiente y el Gobierno no presentó nuevo proyecto de ley en ese sentido. Por ello hace una semana propuse un pacto nacional por una justicia transparente y eficaz que no tolere la corrupción y asuma con responsabilidad la reforma a la justicia que durante 7 años aplazó el actual Gobierno, a pesar de que es indispensable para la sostenibilidad del Estado de Derecho. Además de este pacto, Colombia requiere de una Comisión internacional independiente de la ONU que acompañe las investigaciones de corrupción, tal y como lo hizo Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).
Ningún proceso de investigación contra la corrupción resultará exitoso ni en el CNE ni en la “Comisión de Absoluciones”. Hoy, cuando los colombianos no creen en las instituciones, lo peor que podemos hacer es aceptar en forma pasiva que la corrupción defina por W el destino del país. Si nada pasa ahora, nos acercaremos a mayor velocidad a correr la misma suerte de Venezuela.”
Pensar que en dicha comisión se vayan a tratar asuntos de importancia para la región, es una gran mentira. La designación como Presidente de la Comisión de Acusaciones de Luis Emilio Tovar Bello, parece más un “contentillo” que un premio, ya que es posible que la dirigencia del partido Centro Democrático haya contemplado el riesgo de perder la credencial de quien representa al Departamento de Arauca, debido a las dos demandas ante el Consejo de Estado que buscan declarar la nulidad electoral y las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación que fueron calificadas como “gravísimas”, asuntos que se tendrá que fallar en algún momento. El juego de poderes e intereses en el congreso es tan grande que es mejor arriesgar una posición en una comisión «intrascendente», que una de importancia para el partido y para el país.
