La Jurisdicción Especial para la Paz le concedió la amnistía de derecho (o de iure), un perdón judicial por los delitos de rebelión y daño en bien ajeno a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’ exintegrante de las antiguas Farc, en 20 procesos que estudió la Sala de Amnistía o Indulto y que el compareciente tenía en curso en la justicia ordinaria.
La rebelión y el daño en bien ajeno son conductas a las cuales se puede aplicar la amnistía de iure al tratarse de delitos políticos o conexos al delito político, según lo indicado en la Ley 1820 de 2016 y en la Ley Estatutaria de la JEP, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz.
Se trata de cinco procesos en los cuales Simón Trinidad fue condenado o acusado en la justicia ordinaria y otros 15 en los que no existía una condena o acusación.
En cuanto a otros cinco procesos en los que Simón Trinidad se encuentra vinculado, se requiere de un análisis más detallado de la Sala de Amnistía o Indulto y pasan a una instancia de evaluación y contrastación muy rigurosa en la que participan varios o todos los magistrados de la Sala, y que cuenta también con la participación de las víctimas, para determinar si las conductas en esos hechos son susceptibles de concederle la amnistía o si, por el contrario, se determina que debe ser remitido a la Sala de Reconocimiento de Verdad para vincularlo a alguno de los macrocasos que la JEP investiga, al considerarlo como posible máximo responsable. También puede ser remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas si se considera que no es un máximo responsable.
Entre esos cinco hechos que pasarán por la lupa de los magistrados e encuentra el secuestro y asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, cometido en septiembre del año 2001.
El otro hecho por el que se encuentra vinculado Simón Trinidad, y que pasará por este análisis riguroso es la Masacre de Bojayá, cometida en mayo de 2002.
Alias Simón Trinidad fue extraditado a Estados Unidos el 31 de diciembre de 2004. Actualmente, se encuentra privado de la libertad en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad de Florence, Colorado, donde paga una condena de 60 años de cárcel por el secuestro de tres estadounidenses, cometido en febrero de 2003.
Con respecto a la libertad del exFarc, esta resolución no tiene facultades para modificar su estatus actual en la justicia estadounidense. Sin embargo, sí deja sin efecto las órdenes de captura que existan en su contra por esos procesos como garantía en caso de que llegase a regresar a Colombia.
