Un juez ordenó a los ministerios de Defensa, del Interior y a la gobernación de Arauca brindar seguridad de manera inmediata Centro Poblado Villa Paz, en el municipio de Arauquita donde habitan 187 firmantes del acuerdo de paz. La tutela la interpusieron Pastor Alape, Rodrigo Granda y otros jefes del partido Comunes ante la ola asesinatos en ese departamento que se ha registrado desde el 2 de enero de 2022.
Alegaron en el recurso judicial que desde el 26 de agosto de 2021 en esa zona fue retirado el puesto de control del Ejército Nacional que prestaba seguridad, además, el esquema asignado por al UNP ha sido víctima de ataques. A ello se suma que no se han cumplido los acuerdos en esa región y los reincorporados no tienen acceso a programas de vivienda Ante ese panorama, el juez ordenó a la Unidad Nacional de Protección que de manera inmediata se realice una revaluación de riesgo que enfrenta esa comunidad.
También se ordenó al ministerio de Defensa, del Interior, la gobernación de Arauca, la UNP conformar una comisión de alto nivel y rendir informes semanales al juez. “Ordenar a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General, la coordinación y la supervisión de la comisión descrita en el numeral anterior, presentando los informes allí mencionados”. La Defensoría del Pueblo deberá actualizar las alertas tempranas en ese Espacio Territorial
