El pasado 28 de febrero de 2011 La Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca profirió Resolución de Acusación contra el abogado Jesús María Pardo Hernández, actual Juez Laboral del Circuito de Arauca como presunto autor responsable de un curso de delitos de Prevaricato por Acción y Peculado por Apropiación por hechos sucedidos al interior de los procesos ejecutivos número 074 del año 2000 y 104 de 2002.
El abogado litigante y externo de la Gobernación de Arauca, doctor Iván Danilo León Lizcano fue quien hizo la denuncia pública ante el gobernador de Arauca en el año 2003 en el gobierno del entonces gobernador encargado, Oscar Garrid Muños López y la Fiscalía General de la Nación.
Los procesos ejecutivos laborales 074 y 104 que cursaron en el Juzgado Único Laboral del Circuito de Arauca, relaciona que el departamento de Arauca (gobernación) fue despojado de cerca de 2 mil millones de pesos y presentaban doble liquidación, evidenciando que se cobró dos veces el capital.
Al ponerse en evidencia este descalabro a las arcas del departamento, señala el abogado externo de la gobernación de Arauca, Iván Danilo León Lizcano que procedió a instaurar la respectiva denuncia pública que hoy prospera a través de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca, creado en el mes de octubre de 2010, el cual dicta la resolución contra el actual Juez Laboral del Circuito de Arauca.
Ante la lentitud del proceso, el entonces gobernador Muñoz López contrató un abogado que instauró una Acción de Tutela contra el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca ante el Distrito Judicial de Arauca la cual le prosperó para un solo proceso y el Tribunal declaró aprobada la excepción de inexistencia de título ejecutivo y ordenó la devolución de los dineros, pero el departamento ya había sido despojado de 1.300 millones de pesos que hasta el momento no los ha recuperado.
Según el abogado demandante, León Lizcano por competencia para el año 2003 le correspondía a la Fiscalía Delegada del Tribunal Superior de Cúcuta donde el proceso fue “encajonado” y reposó por espacio de 8 años sin conocerse ninguna investigación y decisión judicial frente a estos hechos.
La creación en octubre de 2010 de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca permitió conocer el pasado 28 de febrero de 2011 la resolución de acusación contra el doctor Jesús María Pardo Hernández, actual Juez Laboral del Circuito de Arauca como presunto autor responsable de un curso de delitos por prevaricato por acción y peculado por apropiación.
Por estas irregularidades, según el abogado externo León Lizcano, la Gobernación de Arauca ha perdido cerca de 1.900 millones de pesos, sin saber quién pudo usufructuar estos recursos teniendo en cuenta que los demandantes en ese entonces fue el Sindicato de Trabajadores de Arauca “Sintrarauca” y otro sindicato con convenciones colectivas.
Señaló el abogado que habrá que averiguar si los dos trabajadores oficiales que hoy en día trabajan en la Gobernación del Departamento de Arauca usufructuaron esos dineros porque las convenciones colectivas se les aplican a los trabajadores oficiales, más no a los empleados públicos.
De manera personal, el abogado León Lizcano señaló que esos dineros embolatados no llegaron a los sindicatos y que pudieron quedar en manos de terceras personas o intermediarios que disfrutaron de los recursos, pues en un solo proceso se perdieron 1.300 millones de pesos al comprobarse la doble liquidación.
Años posteriores, en el gobierno del licenciado Julio Enrique Acosta Bernal le otorgó poder al abogado Iván Danilo León Lizcano para iniciar una acción de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, la cual fue fallada a favor del departamento en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Arauca, pero la Nación apeló y se encuentra hoy en día en la sección tercera para su confirmación.
Al conocer la notificación la persona afectada, en este caso, el doctor Jesús María Pardo Hernández, Juez Laboral del Circuito de Arauca apeló la decisión y está a la espera de la decisión de la Fiscalía Delegada ante la corte.
Ante situaciones de este tipo el abogado llamó la atención de las autoridades administrativas a tener mayor vigilancia sobre el manejo de los recursos, indicando que hoy en día está sucediendo un caso similar en el cual él es el apoderado de la gobernación de Arauca donde se evidencia el desfalco de 1.900 millones de pesos y el día martes de la semana pasada se embargaron 2.400 millones más en un proceso laboral donde se perdieron los escritos de recursos de apelación y sustentación del abogado que anteriormente había interpuesto contra el auto que aprobó la liquidación del crédito, desembolso errado que está presentando una doble liquidación.
Puntualizó señalando que de investigarse durante los últimos años sería cuantiosa la suma de dineros que ha salido por ese juzgado.
Pero qué dice el Juez Laboral del Circuito de Arauca, Jesús María Pardo Hernández?
“El hecho es cierto, pero su contenido es falso”, fue la primera posición asumida por el Juez Laboral del Circuito de Arauca, Jesús María Pardo Hernández al ser consultado sobre la resolución de acusación de que se le sindica por los delitos de Prevaricato por Acción y Peculado por Apropiación proferida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior.
“Así se lo hice ver al fiscal al manifestarles que ellos me están haciendo objeto de una investigación que viene desde mucho tiempo, sin ninguna fuente legal ni constitucional que lo autorice, sencillamente, por el capricho de mantener el proceso”, reafirmó el imputado durante el diálogo.
Agregó que los abogados fundamentaron esa resolución de acusación sobre dos providencias proferidas por el tribunal Superior de Arauca. La primera cuando admitió y definió una tutela y, la otra como consecuencia de la tutela que definió una apelación.
Frente a estas circunstancias, el juez laboral, Pardo Hernández considera que es ilegal porque la acción de tutela de ese entonces era improcedente y en un segundo término, la apelación que se resolvió era igualmente improcedente porque la hicieron sobre una providencia que no era objeto de apelación.
Como tercer punto aclaró igualmente el juez laboral, que la resolución de acusación se basa sobre una providencia que dictó el Tribunal Administrativo de Arauca, que en su concepto la providencia es ilegal porque está fundamentada sobre las dos anteriores a que hace cita y que tiene un objeto y causa ilícitas, y no pueden producir ningún efecto en caso de supuestos falsos, por lo que ya se lo hizo saber al fiscal.
Al ser consultado sobre los dineros de los que no se conoce el paradero, el Juez Laboral del Circuito de Arauca dijo que una vez terminado el proceso se le ordenó la entrega de los títulos judiciales al sindicato de empleados y trabajadores de la gobernación de Arauca, en este caso a Sintrarauca.
El abogado denunció sentirse perseguido desde su llegada a la ciudad de Arauca por un grupo de abogados y aparte de eso, por la Sala Disciplinaria, por la Sala Administrativa y el Tribunal Superior por la mala información que el grupo de abogados han difundido en contra del él, situaciones que también se dan cuando llegan funcionarios nuevos que tienen que ver para desempeñar cargos en las procuradurías, estamentos del Estado y las mismas autoridades locales y regionales.
Responsabilizó a los funcionarios que vienen tramitando estos procesos porque nunca han tenido en cuenta unos presupuestos mínimos que deben tenerse en cuenta para abrir cualquier trámite judicial, que para el caso de la acción penal, desde un comienzo se compulsó copias para unos efectos, la indagación preliminar, para la vinculación del juez laboral, la calificación del mérito del sumario se tuvieron otros efectos, por lo que no ha habido unos criterios en el manejo de esa investigación.
Recalcó que ante esta situación de imputación de cargos, él, personalmente le ha venido recalcando a los funcionarios de la Fiscalía que en el caso no hay objeto de que ellos insistan en mantenerlo en el proceso y seguir atado a esa investigación porque la causa del proceso es de carácter ilícito, porque las acciones de tutela y las decisiones del Tribunal ha sido la base para que ellos mantengan y persistan con este proceso.
Recalcó que han sido muchas las comunicaciones enviadas a la fiscalía donde se les indica que eso no es lógico de continuar con ese proceso, por lo que impugnó esta decisión de acusación, pues nunca ha estado de acuerdo donde se cuestiona una decisión judicial.
