En la sala 1º del Palacio de Justicia de Arauca, se realizará hoy la Audiencia Pública de Imputación de cargos al Juez laboral de Arauca, Jesús María Pardo Hernández, para quien la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca, solicita medida de aseguramiento.
El delito por el que se investiga al Juez Único Laboral de Arauca, desde el pasado 28 de febrero de 2011 es la presunta responsabilidad en un curso de delitos de Prevaricato por Acción y Peculado por Apropiación por hechos sucedidos al interior de los procesos ejecutivos número 074 del año 2000 y 104 de 2002. La Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca profirió Resolución de Acusación contra el abogado Jesús María Pardo Hernández, actual Juez Laboral del Circuito de Arauca.
El abogado litigante y externo de la Gobernación de Arauca, doctor Iván Danilo León Lizcano fue quien hizo la denuncia pública ante el gobernador de Arauca en el año 2003 en el gobierno del entonces gobernador encargado, Oscar Garrid Muños López y la Fiscalía General de la Nación.
Los procesos ejecutivos laborales 074 y 104 que cursaron en el Juzgado Único Laboral del Circuito de Arauca, relaciona que el departamento de Arauca (gobernación) fue despojado de cerca de 2 mil millones de pesos y presentaban doble liquidación, evidenciando que se cobró dos veces el capital.
Al ponerse en evidencia este descalabro a las arcas del departamento, señala el abogado externo de la gobernación de Arauca, Iván Danilo León Lizcano que procedió a instaurar la respectiva denuncia pública que hoy prospera a través de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca
Ante la lentitud del proceso, el entonces gobernador de Arauca Muñoz López contrató un abogado que instauró una Acción de Tutela contra el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca ante el Distrito Judicial de Arauca la cual le prosperó para un solo proceso y el Tribunal declaró aprobada la excepción de inexistencia de título ejecutivo y ordenó la devolución de los dineros, pero el departamento ya había sido despojado de 1.300 millones de pesos que hasta el momento no los ha recuperado.
Según el abogado demandante, León Lizcano por competencia para el año 2003 le correspondía a la Fiscalía Delegada del Tribunal Superior de Cúcuta donde el proceso fue Ā«encajonadoĀ» y reposó por espacio de 8 años sin conocerse ninguna investigación y decisión judicial frente a estos hechos.
