La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del brigadier general (r) Sergio Andrés Garzón Vélez, exintegrante del Comando Aéreo de Combate No. 2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, por su participación en la masacre de Santo Domingo ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en el municipio de Tame, Arauca.
Garzón Vélez fue admitido como compareciente forzoso dentro del caso que investiga las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante esa operación militar. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP valoró los aportes a la verdad del oficial retirado, los cuales revelan hechos hasta ahora desconocidos o no sustentados con pruebas directas, como el ametrallamiento de civiles desde aeronaves y el encubrimiento de altos mandos que tenían conocimiento de lo ocurrido.
Según su testimonio, la operación militar se desarrolló a partir de información de inteligencia que advertía sobre la supuesta llegada de una avioneta con armas o dinero para la guerrilla. En el marco de los operativos ‘Relámpago I y II’ y ‘Pantera’, seis aeronaves, incluyendo helicópteros armados con bombas de fragmentación, participaron en los enfrentamientos con supuestos guerrilleros de las FARC.
Durante la operación aérea, una de estas aeronaves lanzó un artefacto explosivo tipo racimo sobre el caserío de Santo Domingo, causando la muerte de 17 personas —entre ellas varios niños y mujeres— y dejando heridas a otras 21, todas civiles. A pesar de haber sido advertidos sobre la presencia de población no combatiente, los tripulantes no detuvieron el ataque, según ha determinado la JEP y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Garzón Vélez admitió su participación directa en el ametrallamiento de personas vestidas de blanco que huían del lugar, sin verificar si se trataba de civiles o combatientes. El exoficial manifestó su disposición a participar en actos de reconocimiento y encuentros restaurativos con las víctimas.
La JEP explicó que Garzón no es considerado un máximo responsable, ya que no tuvo un rol decisivo en la planeación ni en la definición de los patrones criminales. Sin embargo, su situación jurídica se definirá con base en su aporte efectivo a la verdad, el reconocimiento de su responsabilidad y su participación en acciones restaurativas.
La Jurisdicción también anunció que ha iniciado el proceso para acreditar formalmente a las víctimas sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Hasta el momento, dos personas han sido reconocidas como víctimas en este caso.
La JEP reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con la centralidad de las víctimas en los procesos de justicia transicional. Los interesados en acreditarse pueden acceder a la sección “Participación de víctimas” en www.jep.gov.co o comunicarse por WhatsApp al (+57) 320 779 0909.
