El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró este viernes 6 de septiembre que el Gobierno Nacional se comprometió a reformar el sector de transporte de carga del país con el fin de brindar garantías laborales a los pequeños camioneros y regular el precio de los fletes, un elemento clave en el costo total de una operación logística.
Este anuncio se da luego de que se llegara a un acuerdo con las bases transportadoras tras cuatro días de paro nacional en el país, que deja millonarias pérdidas económicas en diversos sectores, incluidos el comercio, logístico y de industria, con impactos significativos en el abastecimiento de alimentos y combustibles.
El acuerdo consistió en modificar el decreto que había fijado en $1.904 el precio de venta al público del galón del diésel (o ACPM). Ahora, el aumento gradual será de 800 pesos en lo que resta de este año: $400 a partir de la modificación de la resolución 40350 de 2024 y $400 el 1 de diciembre.
Además, en la mesa se acordaron otros 14 puntos entre esos, suspender alzas adicionales hasta tanto no se logren transformaciones estructurales en el sector, establecer mesas técnicas que permitan hacer ajustes normativos e incluir en el SICE-TAC a todos los actores del transporte.
De acuerdo el ministro Cristo, este trato tiene varios significados muy importantes más allá del ajuste del incremento de este combustible. En primer lugar, destacó que después de cinco años se iniciará el descongelamiento del diésel, lo que permitirá iniciar también el proceso de corregir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, Fepc, que en pesos de 2024 son cerca de $115 billones:
“Es un acuerdo sin precedentes por dos razones prácticas. La primera es que es el acuerdo más democrático con participación de la base de los camioneros, de representantes de los volqueteros, de los transportes especiales en una mesa en la cual participaron cientos de personas presencialmente y más de 1000 personas virtualmente conectadas en todo el país. Yo creo que es un ejercicio de diálogo que en este momento necesita tanto el país, se puede ceder de lado y lado en sus posiciones”.
Cristo agregó que, en el acuerdo también el Gobierno se comprometió a incluir en la reforma laboral un artículo especial para el sector transportador, que recoja las necesidades planteadas por los representantes de los conductores de servicio público: “aborda un tema que hemos evadido durante muchos años y es las reformas estructurales al sector del transporte del país para garantizar un ingreso digno a los hogares de los pequeños camioneros y de los actores del sector del transporte en toda Colombia que tienen en su camión su microempresa su familia de la cual deriva el sostenimiento de sus hogares”.
Para el jefe de la cartera de Interior, la protesta era justa para tratar el problema estructural de este sector y se resolvió de manera muy rápida, sin antecedentes, “lo que viene ahora es un trabajo por la reforma estructural del sector y lo que viene también es un trabajo para que podamos en cualquier revisar el aumento posterior que dependerá precisamente de la reforma a fondo del sector”.
Nuevo sistema de fletes en Colombia
Tal como manifestó el ministro, en el país hay un debate desde hace tiempo sobre el papel del intermediario de carga frente al camionero y es una atención permanente que el Gobierno no puede desconocer, esto acompañado de un exceso de la oferta de camiones en el país frente a la demanda que hay de carga, razón por la cual se implementará un sistema nuevo de fletes para ser más equilibrada esa relación.
“Por eso es que se va a realizar el sistema de fletes, se va a realizar un tema que es absolutamente esencial en la sostenibilidad del sector a largo plazo y también para la transición energética en Colombia que es volver al plan uno a uno, es decir que solamente se puede aumentar la flota, adquirir nuevos camiones de carga con la salida y la chatarrización de uno de ellos para poder ir a hacer la transición además del diesel en los pequeños camiones hacia camiones híbridos o camiones eléctricos”, explicó.
Con relación a las acciones judiciales que anunció el presidente Gustavo Petro a más de mil empresas de intermediación de carga que han explotado a los camioneros separando de manera injusta el precio del flete, que cobran al generador de la carga, al precio que pagan al transportador, puntualizó que será la Superintendencia de Transporte quien avance en las investigaciones para definir cuál es la actuación de los intermediarios de carga de las grandes empresas frente al pequeño transportador:
“Ha faltado en el nuevo modelo que se estableció desde la Constitución de 1991, una acción más eficaz una acción y más transparente de la Superintendencia en la regulación, el control y la vigilancia del sector”.
