Para el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, en el marco de la auditoría de control territorial al PAE, las cuentas no están claras. Aseguró que cuando se confrontaron los recursos reportados por el Ministerio de Educación Nacional, frente a los recursos propios reportados por las contralorías territoriales, se halló una diferencia de casi medio billón de pesos en el limbo.
Para la AGR, “las principales diferencias fueron halladas, de acuerdo con la información que suministró la Contraloría Departamental de Arauca, en la que según el Ministerio de Educación no certificó recursos propios y la Contraloría indica que hay recursos por 3.689 millones de pesos.”
Por su parte la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas, advirtió que lo encontrado es una “malla generalizada de corrupción” y ratificó que las irregularidades en el PAE constituyen un delito, que tienen trascendencia penal.
La Fiscalía centró su indagación en cuatro líneas de investigación: la primera de ellas, tiene que ver con inconsistencias en el talento humano, donde se contrata un número deficiente de personas para atender a los usuarios, se reportan salarios por un valor superior al realmente pagado, asi como el personal que se presenta en la propuesta como calificado, no es el que ejecuta el contrato. En segundo lugar estaría la ejecución incompleta del objeto contractual, es decir, no se hace entrega de los paquetes alimentarios contratados, hay reducción de las raciones o sustitución por un producto de menor valor y suministro de alimentos en estado de descomposición.
Así mismo, se encontró una tercera modalidad calificada por la Fiscalía General de la Nación, como una falsa facturación, con la complicidad de proveedores para alterar cantidades y valores de los productos, así como la duplicación de facturas existentes. Por último, los investigadores encontraron fraude en la contabilidad, donde se adulteraron estados financieros y no reportaron utilidades.
Sobre estos hechos, la Fiscalía tiene procesos investigativos en 13 departamentos, así como 7 investigaciones a punto de dar resultado en tres regiones: Atlántica, Pacífica y los Llanos Orientales. Se presume que en este grupo estaría el caso del Departamento de Arauca, por la evidencia encontrada y por el tiempo que se han tomado los investigadores para arrojar un resultado.
Para el ente acusador, los delitos en que podrían haber incurrido los implicados son: Concierto para Delinquir; Peculado por apropiación; Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; Interés indebido en la celebración de contratos; y Falsedad documental. Todos estos delitos, según la Vicefiscal María Paulina Riveros Dueñas, tienen trascendencia penal.
