Para el 9 de diciembre a las 8:30 am quedó programada la audiencia de imputación de cargos en contra del excanciller Álvaro Leyva por el escándalo de la licitación de los pasaportes.
El caso le correspondió a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Alejandra Ardila Polo, quien ejercerá funciones de juez de control de Garantías.
La Fiscalía le imputará el delito de prevaricato por acción y de acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.
El caso contra Leyva surgió por cuenta de la declaratoria de desierta en una licitación que favorecía a la compañía Thomas Greg & Sons era la única oferente.
Leyva se opuso y ordenó, sin estudio previo, evitar que esa empresa quedara con el contrato situación que casi le cuesta al país una demanda por más de $250 mil millones. Sin embargo, el contrato con Thomas Greg fue prorrogado hasta abril de 2026.
