La advertencia la hizo este domingo la Contraloría General, luego de presentar su sexto informe al Congreso sobre los recursos del posconflicto, al reiterar que en 20 años se lograría la implementación del Acuerdo Final de Paz y no en 15, como estaba previsto.
En el análisis el ente de control presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los Puntos del Acuerdo Final, e identifica los riesgos más relevantes en materia de financiación, ejecución presupuestal e implementación de las políticas públicas correspondientes.
Reconoce, que, si bien el ritmo de implementación se aceleró considerablemente en el 2021, y la tendencia muestra un promedio de $7,7 billones anuales a 2022, se requerirán mayores esfuerzos en los próximos años, para cumplir lo contemplado en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo, que se convierte en la principal conclusión del informe elaborado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto.
Señala la Contraloría, que esto quiere decir, que siguen latentes los riesgos de desfinanciación señalados en los informes anteriores.
De acuerdo con el estudio, en 2021 se registró una ejecución de $14,24 billones, lo que significa 2,3 veces más que el promedio histórico observado entre 2017 y 2020.
Sin embargo, el aumento se hizo posible gracias a los mayores aportes del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías (SGR), éste último por cuenta de los adelantos de recursos provenientes del OCAD Paz.
También en el 2021, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hicieron un ejercicio, donde se estimó que tendría un costo de $154,9 billones para ser ejecutado en un periodo de 15 años, entre 2017 y 2031, pero el análisis de la Contraloría muestra hoy que pueden faltar otros 5 años.
Finalmente, el ente de control hace un análisis a los recursos aprobados a través del mecanismo de Obras por Impuestos, el 71% de los mismos, por $641.177 millones, se concentra solo en 7 departamentos; Antioquia (16), Arauca (13%), Cauca (12%), Casanare (10%), Caquetá (8%), Tolima (6%) y Norte de Santander (6%).
Para el ente de control, esto evidencia asimetrías en el acceso del mecanismo y brechas para asegurar las inversiones en los territorios.
