Durante cuatro meses queda paralizada la contratación de obras públicas en el país de cara a las elecciones de octubre. El procurador General, Fernando Carrillo, confirmó que la Ley de Garantías comienza a regir desde hoy y durante cuatro meses (hasta el 27 de octubre). Este periodo trae restricciones en el proceso electoral de las autoridades locales y territoriales.
Entre las restricciones está la inauguración de obras públicas o inicio de programas sociales en reuniones o eventos en los que participen candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y Juntas de Administración Local. Tampoco se puede utilizar inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas o permitir el alojamiento o transporte de electores de candidatos.
Según el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, los servidores públicos tienen prohibición de “Acosar, presionar o determinar en cualquier forma a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política” al igual que difundir propaganda electoral.
