El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reafirmó que el cese de operaciones ofensivas contra las disidencias del grupo conocido como ‘Calarcá’ no limita el uso de la fuerza legítima del Estado para garantizar la estabilidad y proteger a la ciudadanía.
“La intención de nosotros es proteger la vida. Pero para protegerla, tenemos que emplear la fuerza legítima del Estado y somos conscientes del daño de batalla que se pueda ocurrir en ello, porque estamos enfrentando es a una amenaza letal. Si los colombianos no nos unimos, no nos comparten información más rápidamente, más oportunamente, con mayor precisión, será más difícil protegerlos a todos ustedes”, afirmó el jefe de la cartera.
Esto tras el ataque ocurrido en la vereda Charras, en el departamento del Guaviare, que dejó siete militares asesinados y cinco más secuestrados, quienes posteriormente fueron liberados en la comunidad de Guanapalo.
El ministro aclaró que las tropas transitaban la zona bajo la percepción de un ambiente seguro y que no se encontraban realizando acciones ofensivas en el momento del ataque.
En respuesta a este hecho, Sánchez Suárez advirtió: “No les vamos a rogar a los criminales y no le estamos rogando nosotros como Fuerza Pública a los criminales”, y afirmó que las acciones de defensa incluirán inteligencia, contrainteligencia y el empleo de armas de acuerdo con la Constitución y la ley.
Durante su intervención, el jefe de la cartera de Defensa expuso los posibles escenarios en evaluación ante los recientes hechos: la suspensión total del cese al fuego con las disidencias de alias ‘Calarcá‘; la suspensión parcial en las áreas de Caquetá, Guaviare, Meta y parte del Huila, donde operan estructuras como las ‘Jorge Briceño’; o la prórroga del cese actual, manteniendo operaciones de estabilidad en el territorio.
El ministro Sánchez condenó los asesinatos de los soldados y calificó el ataque como una grave violación a los compromisos de paz y al Derecho Internacional Humanitario.
“Estos actos terroristas representan una traición a la transformación pacífica de los territorios y constituyen crímenes atroces. Asesinar a un militar o a un policía es un delito muy grave que, según nuestra legislación, puede ser castigado con hasta 37 años de cárcel”, afirmó el Ministro.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional para reconocer que, aun en escenarios de conflicto, existen límites que deben respetarse. “La guerra también tiene reglas, y estos criminales las violan de manera flagrante. Si alguna vez tuvieron algo de humanidad, hoy demuestran que no queda absolutamente nada de ella”, enfatizó.
