Por tercera vez el Consejo de Estado requirió a la Presidencia de la República para que entregue información que, desde noviembre pasado, le fue solicitada y que está relacionada con el denominado “Tarimazo” en La Alpujarra.
El alto Tribunal está solicitando la resolución 138 del 29 de mayo de 2023, por medio de la cual se instala la denominada “Paz Urbana” en Medellín y el Valle de Aburrá y la resolución 452 del 8 de noviembre de 2024 con la que se designaron los representantes del Gobierno nacional en dicho Espacio de Conversación Sociojurídico.
Esa información es importante para el proceso de pérdida de investidura que se adelanta en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta por sacar de la cárcel a cabecillas de las bandas criminales en Itaguí para un evento en La Alpujarra con el presidente Petro.
De acuerdo con uno de los demandantes, William Quintero, Zuleta en su calidad de representante del Gobierno en la “Mesa de Paz Urbana”, hizo las solicitudes y gestiones ante el INPEC para sacar a estos cabecillas de la cárcel. No obstante, a juicio de Quintero, ella no estaba habilitada para ello, pues el habilitado era el coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez.
Asimismo, indica que estos cabecillas que cumplen condena en prisión debieron ser trasladados con la autorización de un juez.
