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Gobierno Nacional busca declarar el PAE como política de Estado ante falta de recursos

Durante un foro convocado por la Contraloría, el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció que el Gobierno avanza en la formulación de un Documento CONPES que busca convertir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en una política pública de Estado, esta medida pretende garantizar su continuidad, mejorar la gestión y ampliar la cobertura.

Asimismo, el ministro dijo que aunque el presupuesto del PAE ha crecido en los últimos años pasando de 1,2 billones en 2021 a más de 3 billones proyectados para 2026, el programa sigue desfinanciado.

“Si bien, hay un aumento en el presupuesto que se ha dirigido desde la nación, desde el presupuesto general, pero cuando uno deflacta los valores a precios constantes del 2025. Esto quiere decir que si descontamos el valor o el peso de la inflación sobre las cifras, pues no venía creciendo la financiación del programa de alimentación escolar. Si no crece en términos reales, pues en el territorio no va a verse aumentada la cobertura”, agregó el Ministro de Educación, Daniel Rojas.

Política pública PAE

El objetivo del nuevo CONPES es definir responsabilidades permanentes para la Nación y los entes territoriales, y dejar atrás el modelo actual del PAE, que calificó como “operativo y fragmentado”. Con esta transformación, esperan que el programa quede protegido frente a los cambios de gobierno y contaría con reglas claras para su ejecución en todo el país.“El principal reto ya no es solo la financiación, sino la eficiencia en la gestión de los recursos a nivel territorial”, señaló Rojas Medellín.

Nuevas medidas y participación local

Entre los avances, el Ministro destacó la creación de una canasta alimentaria educativa para los periodos de receso escolar, que ha beneficiado a estudiantes de 110 municipios.

También anunció que el Ministerio eliminó barreras que impedían la participación de asociaciones de padres, juntas de acción comunal y comunidades étnicas como operadores del PAE. Con esto, el Gobierno busca reducir la concentración de contratos, evitar sobrecostos y fortalecer la participación comunitaria.

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