El documento explica los deberes y responsabilidades de alcaldes, gobernadores y organizadores de las marchas. Cumpliendo sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno expidió el protocolo que a corto plazo incluye medidas más urgentes que garantizan el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente. Entre los puntos, el documento explica que, previo a la realización de una manifestación, cada departamento debe activar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones con la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, los Bomberos y Defensoría del Pueblo, reunión a la que además podrán invitar al ICBF, Migración Colombia y voceros del Gobierno Nacional.
Ordena, además, a que se capacite a los ciudadanos en los sistemas de emergencia para que puedan reportar cualquier situación que se presente en la manifestación y que se deben activar los planes de desarme de armas blancas para salvaguardar la vida.
Las alcaldías deberán implementar los centros de traslado para protección o en su defecto disponer inmuebles de paso a los que puedan ser conducidas las personas que en el marco de la manifestación se encuentren en alto estado de indefensión o exaltación
Sobre la fuerza pública y su intervención en las marchas establece que los miembros de la Policía Nacional continuarán con las capacitaciones en Derechos Humanos y solo actuarán cuando se generen actos violentos que alteren el orden público.
El documento aclara que los organizadores de la manifestación deben enviar un aviso previo donde se indique el motivo, fecha, el recorrido de esta, el número aproximado de participantes, hora de inicio y posible hora de finalización, como un requisito de carácter informativo y no como una autorización.
También establece que los manifestantes no deberán portar armas contundentes, químicas o incendiarias que puedan afectar su integridad, a los demás manifestantes, las autoridades y personas que no participan en la manifestación.
