La Contraloría General de la República reveló que, según cálculos del Comité Intergremial de Energía y Gas, para enero de este año la deuda por los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas que tiene el Gobierno Nacional, así como las entidades oficiales es de 7,6 billones de pesos.
De igual forma, el ente de control señaló que esta deuda está distribuida en $ 2,7 billones por subsidios de energía eléctrica; $ 3,3 billones por opción tarifaria; $ 1 billón de deuda de usuarios oficiales y $ 628 mil millones por subsidios de gas combustible.
Así las cosas, la Contraloría General de la República demostró una seria preocupación y resaltó la necesidad de que el “Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de los subsidios y asegure la implementación de las mejoras pendientes”, indicó el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.
En ese orden de ideas, la Contraloría aclaró que sin una solución que sea integral a esta problemática de tipo financiero se generaría un riesgo en la acertada prestación de los servicios públicos de energía y gas.
Lo anterior, afectaría no solo la prestación del servicio, sino también las finanzas públicas y la calidad de vida de los colombianos, “en especial los usuarios más necesitados, así como el desarrollo del país, pues la energía se requiere para distintas actividades del sector productivo y de los hogares. Esta situación podría incluso llegar a vulnerar garantías constitucionales y derechos fundamentales de los colombianos”, alertó la Contraloría.
Además, el ente de control pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos un informe detallado sobre la situación económica de Air-e y la intervención que se está desarrollando.
