El Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender dio a conocer el panorama de funcionamiento del programa de alimentación escolar (PAE) en materia de financiamiento, e indicó que entre las corresponsabilidades presupuestales entre gobierno nacional y entidades territoriales, persisten preocupaciones sobre la capacidad de las (ETC) para garantizar su implementación efectiva y oportuna en los territorios, ya que se han adoptado algunas decisiones adoptadas que han impactado negativamente el programa.
Explican que entre 2022 y 2025, el gobierno ha incrementado los recursos destinados al PAE, con el propósito de ampliar su cobertura y mejorar la calidad del servicio en los territorios.
“Los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN), canalizados a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), pasaron de 1,26 billones de pesos en 2022 a 2,13 billones en 2025, lo que representa un aumento del 68%. En el 2026 se destinarán 2,9 billones de pesos para la implementación del PAE en el país”, dice la Unidad de Alimentos para Aprender.
¿Cómo funciona la financiación del PAE?
Para garantizar el funcionamiento del programa, la inversión referenciada se suma a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos de regalías y aportes propios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa.
Sin embargo, aseguran que las decisiones que han tomado algunas entidades, afectan la operación del programa, y entre ellas están:
Los aportes propios de cofinanciación por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC) han registrado una tendencia decreciente desde 2021, en contravía del mandato establecido en la Ley 2167 de 2021, que exige un incremento anual en términos reales de dichos recursos. Esta disminución compromete la sostenibilidad financiera del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y limita su capacidad de respuesta frente a las necesidades territoriales.
Se evidencian deficiencias en los procesos de planeación por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC), lo que se traduce en niveles de cobertura estancados o incluso decrecientes, a pesar del incremento sostenido en el financiamiento nacional.
Las decisiones adoptadas en torno a los procesos de contratación y la distribución de los complementos alimentarios no responden adecuadamente a los criterios de priorización definidos por la UAPA ni a las condiciones particulares de cada territorio, lo que limita el uso eficiente de los recursos asignados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Persisten debilidades en la definición de los costos asociados a la prestación del servicio, lo que reduce la capacidad de ampliar la cobertura estudiantil o de extender el número de días de atención durante el calendario académico.
Los procesos de contratación que no promueven la articulación del PAE con la economía local desconocen la producción regional, las costumbres alimentarias y las dinámicas socioculturales del territorio. Esta desconexión incrementa los costos logísticos y de intermediación, afectando la eficiencia del uso de los recursos públicos. Resulta especialmente preocupante que, en varias Entidades Territoriales Certificadas (ETC), se observe una reiterada selección de los mismos operadores, lo que limita la competencia, la innovación y la inclusión de actores locales en la cadena de valor del programa.
La operación del PAE está en riesgo
De acuerdo a la UApA, estas decisiones sumadas a anteriores practicas institucionales de fragmentación de la asignación de los recursos a las ETC, por las que se esperaba que el Gobierno Nacional en el segundo semestre realizará una nueva asignación, han generado unas condiciones de riesgo de la continuidad de la prestación del servicio de alimentación escolar, sea por acciones administrativas relacionadas con lo contractual o por una posible falta de recursos de financiación lo que podría afectar a más de 500.000 estudiantes en los próximos meses.
Aseguran que no se ha logrado una cobertura proporcional en el PAE en 82 Entidades Territoriales, lo que significa que 421.514 estudiantes hayan dejado de recibir alimentación, y esto limita el acceso efectivo al derecho a la educación y a la alimentación.
Para 2024, con una inversión superior a los 5,2 billones de pesos, la cobertura apenas alcanzó un promedio de 76,14% a junio de 2025, evidenciando una desaceleración en la expansión del programa. Esta brecha es especialmente crítica en departamentos y municipios con alta vulnerabilidad social, donde el PAE representa un componente esencial para garantizar condiciones mínimas de permanencia escolar.
El gobierno adopta medidas urgentes
Desde la Unidad, anunciaron una serie de acciones para contrarrestar esta problemática, tales como:
- Se delegará a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – UApA, la Inspección y Vigilancia de los recursos asignados por el Gobierno Nacional al Programa de Alimentación Escolar buscando garantizar el uso eficiente de los recursos del PAE en las ETC.
- Se exigirá a las entidades territoriales el cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 2167 de 2021, que ordena incrementar los aportes propios en términos reales.
- Se impulsará, en coordinación con los entes de control, la aplicación de las medidas correspondientes a quienes incurran en irregularidades en la gestión de recursos, garantizando que estos fondos, fundamentales para el bienestar de la niñez colombiana, sean utilizados de manera íntegra y transparente.
- Se implementarán mecanismos de publicidad y trazabilidad para fortalecer la participación ciudadana y el control social, para que la sociedad civil, las familias y las comunidades educativas puedan ejercer veeduría activa sobre el PAE.
