Seguirán vinculados al proceso, aunque la Fiscalía General de la nación compulsará copias a la fiscalía delegada ante la Corte para que se investigue al el exgobernador José Facundo Castillo Cisneros.
La Fiscalía General de la Nación investiga la compra de un avión ambulancia de matrícula HK 5118 por parte de la Administración Departamental de Arauca, en octubre de 2014, por un costo de ocho mil doscientos noventa millones de pesos. ($8.290.000.000,oo).
El avión ambulancia se entregó supuestamente en concesión para su explotación privada a los nueve (9) meses, el 21 de julio de 2015, a la empresa Colcharter, que la opera desde la ciudad de Bogotá a partir de entonces; hecho que también indaga la Fiscalía.
Según la investigación no se habría cumplido con los requisitos legales que exige la Ley y se habría escogido el proveedor a través de una contratación directa y sin acudir al procedimiento de licitación.
Por estos hechos fueron capturados funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (Uaesa). Se trata de:
Edgar Alexander Contreras, entonces director de la Uaesa.
María Dilia Sierra, jefe de la Oficina Jurídica.
Stella Acevedo Camacho, subdirectora de Seguridad Social.
Edwin López Pedraza, profesional en el área de Salud Sexual y Reproductiva.
Como se recordará el exdirector de la Uaesa fue capturado el pasado jueves en San José de Guaviare, sitio en donde se desempeñaba como director de una EPS.
Por este proceso se compulsarán copias ante la fiscalía delegada ante la Corte, para que se investigue si el entonces gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, habría participado en los presuntos actos irregulares.
En la diligencia de imputación y legalización la Fiscalía formuló cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos. Al no sustentar la medida de aseguramiento, los cuatro funcionarios fueron dejados en libertad la noche del viernes luego de varias horas de audiencia, aunque continuarán vinculados al proceso.
El juez de control de garantías de Arauca se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, por lo que la Fiscalía apeló.
