La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió una alerta pública en la que advierte sobre la creciente vulnerabilidad que enfrentan periodistas en el departamento de Arauca, debido al recrudecimiento del conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las FARC. La organización denuncia que los comunicadores no solo son víctimas de agresiones constantes, sino también de una preocupante instrumentalización por parte de los actores armados ilegales.
“La información se ha convertido en un campo de batalla”, señala la FLIP, que documentó 42 agresiones a periodistas en el primer semestre de 2025 atribuidas a grupos armados. La organización denuncia un patrón sistemático de hostigamiento, intimidación y vigilancia que, lejos de cesar, se ha intensificado en los últimos años.
La situación no es nueva: desde 2022, la FLIP ha registrado que más del 50 % de las agresiones a la prensa en Arauca han sido cometidas por el ELN y el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. Esta tendencia, lejos de disminuir, se mantiene con preocupante regularidad, lo que ha generado que muchos reporteros abandonen la cobertura de temas de orden público por miedo a represalias.
La denuncia se da en un contexto más amplio de crisis humanitaria en la región. Según un reciente informe de las organizaciones Paz & Reconciliación y Vivamos Humanos, el ELN habría cometido al menos 135 eventos violentos entre enero y mayo de 2025, superando ampliamente los registros de todo 2024. Esta escalada de violencia aumenta el riesgo para quienes informan desde los territorios.
A la presión física se suma ahora la sofisticación digital del hostigamiento. La FLIP documenta casos de periodistas que han sido contactados por grupos armados a través de WhatsApp y Telegram, exigiendo la publicación de contenidos. Plataformas como Facebook también han sido usadas para perfilar y amenazar a comunicadores, sin que las autoridades judiciales hayan tomado acciones efectivas.
“La prensa local ha quedado atrapada entre actores armados que deciden qué se publica, cómo y cuándo”, denuncia la organización. Esta práctica ha derivado en estigmatización, aislamiento y censura, lo que limita el acceso de las comunidades a información independiente y confiable, especialmente en municipios como Saravena y Arauquita, epicentros del conflicto.
Frente a esta grave situación, la FLIP insta al Estado colombiano a adoptar un enfoque integral de protección a la prensa, más allá de medidas reactivas. La organización exige a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional investigar con diligencia las amenazas —físicas y digitales— contra los periodistas, y hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que revise los esquemas de seguridad bajo un enfoque diferencial y territorial.
También se solicitó la acción coordinada y urgente del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la Gobernación de Arauca y la Defensoría del Pueblo. Según la FLIP, la inacción estatal está dejando a los periodistas sin garantías, llevándolos a la autocensura como único mecanismo de protección.
Finalmente, la organización hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que priorice la protección de la prensa en Arauca, donde el periodismo es vital no solo para visibilizar la crisis humanitaria, sino también como pilar fundamental del ejercicio democrático en medio del conflicto armado.
