La Fiscalía General de la Nación lanzó la estrategia transitoria de investigación y judicialización de los delitos que se presenten en medio de las elecciones legislativas y presidenciales.
Mediante la Resolución 0047 de febrero de 2026, quedó definida la hoja de ruta para conocer y abordar, con todas las capacidades institucionales, los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones.
Mapa de riesgo electoral
El rastreo geográfico que adelantó la Fiscalía permite identificar los fenómenos delictivos en las regiones, las condiciones de vulnerabilidad, la capacidad socioeconómica y la respuesta del Estado.
La georreferenciación permitirá priorizar las zonas con mayor incidencia.
“Paralelamente, se avanzará en análisis integrales sobre las denuncias recibidas y las investigaciones que se siguen por cualquiera de los 16 delitos electorales, así como las alertas conocidas por presencia o posible injerencia de los grupos armados ilegales, con el propósito de optimizar y orientar de mejor manera los esfuerzos”, señaló la Fiscalía.
Cada una de las delegadas y las direcciones se unieron para avanzar de manera articulada en la estrategia, junto con la Defensoría del Pueblo, a efectos de conocer de primera mano las alertas tempranas emitidas; y la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades electorales, para acudir a insumos de interés como el censo electoral.
Mesas de trabajo
Con relación a las acciones violentas contra candidatos y representantes de comunidades, la Fiscalía mantendrá mesas de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado en Colombia para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales, con el propósito de obtener detalles sobre las conductas que afecten la vida, integridad y libertad de las personas o líderes que participan en el proceso y así poner en marcha las respectivas investigaciones.
