La Fiscalía General de la Nación incautó seis teléfonos celulares durante diligencias realizadas en Bogotá y Barranquilla, en el marco de la indagación por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía durante la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025.
Los procedimientos fueron adelantados por servidores de la Policía Nacional, adscritos a la DIJIN, en cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, previa autorización de un juez de control de garantías. Las diligencias incluyeron registros personales a seis ciudadanos.
La investigación busca establecer si hubo irregularidades en la contratación de empresas que supuestamente suministraron bienes y servicios a las campañas de los entonces precandidatos presidenciales.
Uno de los puntos bajo cuestionamiento es el aporte en especie de aproximadamente $609 millones reportado por la campaña de Iván Cepeda a nombre de Samat Publicidad S.A.S. Además, en los informes figuró un aporte de cerca de $116 millones atribuido a su representante, Javier Antonio Pérez Páez.
En el caso de Carolina Corcho, los reportes financieros registraron créditos por aproximadamente $723 millones relacionados con la empresa Custeau Chefcito Sigi M.I. J.V., vinculada al negocio de comidas preparadas. La situación comercial de esta compañía también generó interrogantes sobre su capacidad para respaldar esos recursos.
Las dudas surgieron luego de que se conocieran aparentes inconsistencias entre la actividad económica de las empresas y los montos reportados en la financiación de las campañas. Sin embargo, estas circunstancias no demuestran por sí solas que se hayan utilizado empresas fachada o recursos de origen ilícito.
En septiembre de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Iván Cepeda para establecer si existieron irregularidades en la financiación de la consulta. La Fiscalía, por su parte, adelanta sus propias diligencias para recopilar elementos que permitan esclarecer los hechos.
La controversia se centra en determinar quiénes aportaron realmente los recursos, cuál fue su origen y si los créditos, servicios publicitarios y demás operaciones reportadas cuentan con los soportes financieros y contables correspondientes.
Las diligencias de registro e incautación de celulares buscan recopilar elementos materiales probatorios para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Por ahora, las actuaciones se encuentran en etapa de investigación y no constituyen una declaración de responsabilidad contra Iván Cepeda, Carolina Corcho ni las demás personas relacionadas con el caso.
