La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al candidato presidencial Carlos Caicedo por las presuntas irregularidades que rodearon la contratación de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad, en la ciudad de Santa Marta.
Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción sustentó el escrito de acusación contra Caicedo, basándose en las conductas, al parecer, ilegales en las que habría incurrido durante el periodo 2012-2015.
Según la investigación, el exalcalde habría direccionado el contrato de construcción de dichas obras, generando un posible detrimento en el patrimonio de la capital del departamento del Magdalena.
“En ejercicio de sus funciones tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses”, detalló la Fiscalía.
Entre los elementos materiales probatorios que se han recaudado sobre el caso se encuentra que, en la fase precontractual, supuestamente pidió que fuera contratado, mediante prestación de servicios, específicamente un arquitecto para que “elaborara los diseños del proyecto”. No obstante, el producto presentado por el profesional fue incompleto: no tenía paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos.
De acuerdo con el ente acusador, el alcalde recibió las obras “a satisfacción y dispuso el pago total de la obligación”.
También se señaló que, durante el proceso de contratación, no se coordinó ni concertó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la aplicación de las normas técnicas y los requerimientos de seguridad y esparcimiento exigidos para la primera infancia.
Otro aspecto que consideró la Fiscalía es que el contrato para la construcción de los centros de desarrollo infantil y las ludotecas fue entregado al único proponente que se presentó al proceso de licitación.
“En lo que respecta a la etapa de ejecución, se presentaron múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural. Tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismorresistencia”, detalló la Fiscalía.
Agregó que “para superar estas y las diversas inconsistencias presentadas se realizaron 11 otrosíes y adiciones por 4.534 millones. Diez años después, el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en 94 %, sin ser entregadas en su totalidad”.
