Para este lunes 1 de diciembre quedó programada la audiencia de imputación de cargos en contra de los exministros Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el entramado de corrupción y saqueo en la UNGRD.
La diligencia será a las 9:00 am ante la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Alexandra Rosero.
A Bonilla y a Velasco, la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, también solicitará cárcel para los exfuncionarios.
El lío de los exministros en el caso UNGRD
La imputación a Bonilla ya había sido anunciada hace un año por parte de la Fiscalía, y en su caso la investigación indica que los hechos que lo comprometen se remontan a finales de 2023, momento en el que habrían manifestado interés indebido en direccionar proyectos hacia seis congresistas de las comisiones económicas, con un interés de por medio, aprobar cupos indicativos para el Gobierno del jefe de Estado Gustavo Petro.
Si bien los contratos no fueron ejecutados ni recibieron recursos, estos estaban destinando a El Carmen de Bolívar, Cotorra, y Saravena.
María Alejandra Benavides: La testigo clave
Para la Fiscalía, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, presuntamente, impartió órdenes e instrucciones para beneficiar ilícitamente a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito a cambio de que se facilitaran el trámite de créditos que eran de interés del Gobierno Petro.
El principio de oportunidad que le concedió la justicia relata que, entre octubre de 2023 y marzo de 2024, los entonces directivos de la UNGRD y hoy confesos delincuentes Olmedo López y Sneyder Pinilla; además del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; María Alejandra Benavides, exasesora del ministerio; y Jaime Ramírez Cobo entonces funcionario del DAPRE y enlace con el Congreso de la República, se interesaron de forma indebida en los contratos de Cotorra en Córdoba; Saravena en Arauca y el Carmen en Bolívar que sumaban cerca de $90 mil millones.
En el documento de 18 páginas, la Fiscalía afirma que, el 31 de octubre de 2023, en el despacho del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el propósito de asegurar la asistencia de los congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito a las sesiones convocadas para la deliberación de los créditos de la Nación que allí se tramitaban, Bonilla le ordenó a María Alejandra Benavides recibir los proyectos de inversión regional en los que estaban interesados ilícitamente los congresistas.
