El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió recientemente a la propuesta de una constituyente y cuestionó el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC, declarando que no es un tratado internacional ni un acuerdo especial.
Uribe Vélez explicó que el acuerdo de paz, rechazado en el plebiscito y firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos, “tuvo el trámite de pacto jurídico complejo, en el cual intervinieron órganos diferentes del Estado”. Añadió que el Congreso, actuando como Constituyente, aprobó el Fast Track y, como órgano político, aprobó la proposición, pero “nunca la ley que ratificó el acuerdo derrotado en el plebiscito popular”. Además, señaló que esta proposición del Congreso fue avalada por la Corte Constitucional, al igual que otras partes del acuerdo.
El expresidente manifestó que aún hay muchas personas en el país que se siguen cuestionando “cómo una proposición política del Congreso, sometido al Ejecutivo, enmendó una decisión popular de plebiscito”. Uribe envió un mensaje claro al gobierno del presidente Gustavo Petro, afirmando que “el carácter de acto jurídico complejo niega que el Ejecutivo pueda adjudicarse la facultad de citar por fuera del ordenamiento jurídico vigente una Constituyente o tomar cualquier clase de sesión contra la Constitución, como sería la prórroga del período presidencial”.
Uribe también expresó su preocupación sobre la posibilidad de imponer reformas que, según él, podrían empobrecer a todos los ciudadanos, utilizando el acuerdo firmado con las FARC como justificación. Además, criticó la oferta del gobierno de más de 600,000 hectáreas de tierra, advirtiendo que “el riesgo no es que no se las vendan, el riesgo es que por temor, inseguridad o impuestos, les quieran vender todo el país y dejar la seguridad alimentaria sin empresariado rural”.
El exmandatario también arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acusándola de humillar a las Fuerzas Armadas y consolidar la impunidad para los responsables de delitos atroces dentro de las FARC. “El tema de la JEP, por la naturaleza de delitos de lesa humanidad que debe examinar, deriva en obligaciones del derecho internacional. Estas obligaciones las tiene que cumplir Colombia con o sin el acuerdo, con o sin la JEP. Eliminar a la JEP o crear la Sala especial para los militares no releva a nuestro Estado de cumplir los compromisos internacionales”, concluyó Uribe.
