El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, declaró a Colombia como un país seguro, decisión que si bien representa un avanece positivo para el país, también genera impactos entre los colombianos.
Este proceso tiene el objetivo de detener las solicitudes de asilo que los colombianos están usando de manera errónea y tan comúnmente.
“85% de las demandas no califican como asilo”
Según menciona Roudié, los colombianos están acudiendo a esta figura legal con el propósito de vivir y radicarse en Europa, lo que genera impactos de sobrecarga en el sistema.
De acuerdo con el embajador, del 100% de solicitudes de asilo que hacían los colombianos en Europa, solo un 15% eran aceptadas. Es decir que “un 85% de las demandas fueron rechazadas porque no calificaban como asilo”.
De este modo, enfatizó en que esta práctica de los colombianos, sin cumplir los requisitos de la solicitud, generan una sobrecarga del sistema que termina impidiendo o alargando el tiempo de espera para los verdaderos solicitantes de asilo por amenazas o inseguridad.
“La Unión Europea considera que Colombia por ser un país democrático que tiene recursos y remedio para posiblemente tratar la situación de personas en peligro dentro del país. Entonces es reconocimiento de eso. (…) Es un país seguro, es un país a donde las demandas tienen que estar o las situaciones de amenaza tienen que estar estudiadas dentro del país”, detalló el embajador.
De este modo, la Unión Europea determinó que los colombianos que quieran hacer la solicitud de asilo deberán agotar todos los esfuerzos de justicia en los países de destino antes de poder pedir el asilo.
Sin embargo, subrayan que la solicitud no tendrá más trámites ni deberán presentar nueva documentación a lo ya establecido.
La inseguridad no puede ser la única justificación
Siendo así, el embajador reiteró que no podrán salir del país únicamente con el argumento de la inseguridad. “No se trata de inseguridad ciudadana. Acá se trata de amenazas individuales sobre personas que justificarían que salga del país y que buscan asilo en otro país”.
Y recalcó que “se trata de reducir el número de demanda que puede generar un mal uso, porque el impacto de esta sobrecarga el sistema y genera muchas demoras para las solicitudes de asilo legítimas. (…) Lo que es sí es una medida que permite una mejor gestión para que los casos justificados estén tratados debidamente “.
