Avanza en la Corte Suprema de Justicia las fases previas al juicio que afrontará el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunto tráfico de influencias de servidor público cuando fue senador de la República.
Lo último es que el magistrado, Ariel Torres, declaró una serie de pruebas tanto para la Defensa como para el Ministerio Público que serán usadas en este proceso judicial.
Recordemos que el caso por el que se investiga a Benedetti se remonta a presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), hoy ENTERRITORIO.
De acuerdo con la investigación, Benedetti cuándo fue congresista, habría favorecido a la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), especializada en firmas digitales, con un contrato que superó los mil millones de pesos.
“Para el fin propuesto, además de Jorge Iván Henao Ordóñez, BENEDETTI VILLANEDA se habría valido de Elsy Mireya Pinzón Barrera, asesora en su Unidad de Trabajo Legislativo -UTL-, quien en compañía del particular Juan Carlos Santofimio Vengoechea, al parecer adelantó ante el FONADE las gestiones necesarias para que la convocatoria privada No. 032 de 2017 culminara con la adjudicación irregular del contrato No. 2017865 a CERTICÁMARA S.A., empresa que Héctor José García Santiago representaba legalmente”, dice la investigación de la Corte.
Las pruebas con las que la Defensa busca ganar el juicio
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decretó un serie de pruebas solicitadas por la defensa del ministro Benedetti, en cabeza del abogado de confianza, David Benavides.
Benavides solicitó pruebas documentales y testimoniales con las que busca desvirtuar que Benedetti hubiera incurrido en un abuso de su cargo para favorecer a la empresa Certicámara ante FONADE, hoy ENTERRITORIO.
Testimonios
- Ariel Alfonso Aduen y Héctor Mario Amar, gerente General y gerente Administrativo de FONADE: Con estos testimonios se busca conocer que rol tubo Benedetti en su nombramiento y si hubo presión externa para adjudicación a Certicámara.
- Hernán Emilio Mejía Mogollón, abogado de Subgerencia de Contratación de FONADE: se busca clarar si hubo influencia indebida en el proceso de adjudicación a CERTICÁMARA y de dónde provino.
- Héctor José García Santiago, representante legal de CERTICÁMARA S.A: Se busca establecer si existió algún vínculo entre la empresa y el exsenador Benedetti.
- Juan Carlos Santofimio Vengoechea, agente de CERTICÁMARA S.A. y conocido de Benedetti: Se busca verificar si representó a la empresa, si tenía relación con Benedetti y si participó en la contratación investigada.
- Orlando Fabio Barrios Lozano, gerente del Área de Planeación Contractual en FONADE: Se busca desvirtuar presiones en el proceso contractual, dado que participó en los estudios previos.
- Angela Rita Tabares Serna, subgerente Administrativa de FONADE: Se busca aclarar su papel en el contrato No. 2017865 y si conoció de presiones indebidas.
- Elsy Mireya Pinzón Barrera, asistente en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benedetti: Se busca confirmar si participó en reuniones del 2014 en la Presidencia sobre el manejo burocrático de FONADE por el Partido de la “U”, posible fuente de poder político que habría usado Benedetti.
Documentos
La Defensa solicitó un informe a la Secretaría General del Senado de la República para que de cuenta si durante los años 2016 y 2017 algún funcionario del entonces Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), hoy ENTERRITORIO fue citado a debate de control político por parte del entonces senador, Armando Alberto Benedetti.
Se pretende demostrar que el exsenador no utilizó su posición para presionar irregularmente a funcionarios de FONADE como Jorge Iván Henao Ordóñez, asesor de la Gerencia General, sino que por el contrario Benedetti se limitó a canales institucionales ordinarios como los debates de control político.
