El Gobierno Nacional radicará hoy, martes 27 de octubre, con mensaje de urgencia, en el Congreso de la Republica un nuevo proyecto anticorrupción, que fue construido por 25 entidades del Estado con el liderazgo del presidente de la República que aglutinó los esfuerzos de la Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia y todos los organismos de control: la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría.
El proyecto, que según el Gobierno se vislumbra como el Gran Estatuto Anticorrupción, está conformado por 12 capítulos y 91 artículos que plantean cambios drásticos a temas como la extinción de dominio, la protección de testigos, las medidas contractuales a los aportantes de campañas electorales, así como la búsqueda de beneficiarios finales de los actos de corrupción, y la creación de un régimen sancionatorio a las empresas, similares a los que se han venido instaurando en países más desarrollados, para que sus representantes sean condenados por actos de corrupción.
Uno de los temas es la reforma a la figura de la extinción de dominio, pues se propone acortar los plazos e incluir un artículo que habilite la enajenación temprana de bienes afectados con medidas cautelares, garantizando que cinco (5) días después de fijado el aviso, se dispondrá el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos sobre los bienes objeto de la acción.
Según la explicación del gobierno, dicha reforma dará la posibilidad de enajenar rápidamente los bienes que se quitan a los corruptos
El proyecto también propone incluir a los ciudadanos como víctimas de hechos de corrupción dándoles una indemnización efectiva, y asegura medidas de protección a quienes reciban amenazas y se encontraren en situación de riesgo extraordinario o extremo por denunciar dichos actos.
Contempla también la responsabilidad de las personas jurídicas, aclarando que cuando haya prácticas corporativas reiteradas, que se desarrollen con sistematicidad, utilizando los órganos societarios, como se ha visto en el caso de Odebrecht, también habrá responsabilidad de la persona jurídica beneficiaria del delito y no sólo de sus administradores. En ese sentido, el proyecto plantea sanciones pecuniarias a la sociedad, con multas que irían hasta doscientos mil salarios mínimos.
También, que se les pueda quitar la personería jurídica e imponer sanciones a los directores. Ese proceso iniciaría cuando haya sentencia en firme o principio de oportunidad.
Con esta propuesta el Gobierno también busca incorporar tres medidas para que se cumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) como: mayor tiempo de inhabilidad por la imposición de dos multas por incumplimientos o mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales; incorporar facultades excepcionales al artículo 14 de la Ley 80 de 1993, para la interpretación y modificación unilateral de sometimiento a las leyes nacionales y la caducidad en los contratos.
De ser aprobado el proyecto habrá un registro de beneficiarios finales para concentrar en un solo sitio la información de quiénes son los controlantes o accionistas mayoritarios de las empresas que contratan con el Estado. A esta información tendrán acceso la Contraloría General, la DIAN, la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades, la Procuraduría, la Superfinanciera y la Unidad de Lavado de Activos.
Por último, esta iniciativa también buscar fortalecer la DIAN, con la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), al cual tendrán acceso las entidades que en cumplimiento de sus funciones legales y Constitucionales ejerzan inspección, vigilancia y control o tengan funciones de investigación fiscal o disciplinarias u orientadas a combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno trasnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada.
