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En Tame el Clan del Golfo estaría detrás de empresa contratista

La representante Carolina Giraldo denunciará hoy ante la fiscal general la operación de empresa de ingeniería y sus presuntos vínculos con narcotraficantes y políticos. La información fue dada a conocer por W Radio.

De acuerdo con el extenso y documentado memorial, la empresa Proicom S.A.S. tiene entre sus socios a Hipólito Mendoza Zea y César Augusto Rincón González quienes fueron capturados en 2021 por estar presuntamente relacionados con la estructura de testaferrato y lavado de activos del Clan del Golfo. 

Según la denuncia, uno de los mencionados, Hipólito Mendoza, ha tenido control sobre más de 3.000 bienes muebles e inmuebles, ganado y establecimientos de comercio. Todo ello avaluado en más de 250.000 millones de pesos. 

Pero curiosamente ha sacado tiempo para ser miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Cristóbal Rodríguez Hernández, quien fuera representante a la Cámara del Partido de La U por Boyacá. 

Mendoza Zea también fue contratista de la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes por recomendación del congresista Óscar Villamizar Meneses, representante a la Cámara del Centro Democrático por Santander. 

Otro socio de la compañía contratista es César Augusto Rincón González, señalado por su presunta vinculación con el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado. 

De acuerdo con la denuncia de la representante Carolina Giraldo, los dos hombres tendrían lazos con John Freddy Zapata Garzón, alias ‘Messi’ o ‘Candado’, y con John Henry González Herrera, alias ‘Medio Labio’. 

La empresa Proicom S.A.S. ha tenido contratos por 22.000 millones de pesos en 8 departamentos y 12 muncipios: Bahía Solano, en Chocó; Chinchiná, Manizales, Samaná y Pácora, en Caldas; Marsella y Pereira, en Risaralda; Girardota, Antioquia; Puerto Inírida, Guainía; Puerto Rico, Caquetá; Purificación, Tolima; y Tame, Arauca.

A través de empresas que son accionistas de Proicom, también ha contratado sistemas de alumbrado en Cauca y Risaralda.

En fin, la denuncia apunta a descubrir la manera en la que la estructura delincuencial se nutre de dinero público, de la plata de los contribuyentes, para fortalecer su operación criminal.

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