El Gobierno y Naciones Unidas han destacado que desde cuando se firmó el acuerdo con las Farc, al interior de los Espacios Territoriales para excombatientes de la extinta guerrilla, no se han registrado incidentes ni muertes de quienes están en proceso de reincorporación. Sin embargo, conflictos administrativos al interior del Gobierno, sobre la financiación de los espacios donde operan estos dispositivos están poniendo en riesgo la permanencia de estas unidades de la Fuerza Pública en los territorios.
Desde la firma del acuerdo de paz se ha registrado la muerte de más de 130 excombatientes según el último informe del partido Farc, pero en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación hubo “cero incidentes”. Esto, en buena medida, se debe a que la Fuerza Pública ha mantenido el despliegue para brindar seguridad a estas zonas, a través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET) del Ejército Nacional y el Programa Carpa Azul, con más de 2.000 hombres desplegados en estos dispositivos.
El consejero para la Estabilización, Emilio Archila aseguró en recientes declaraciones que el propio presidente, Iván Duque dio instrucciones para garantizarles la seguridad a los ex combatientes todo el tiempo. Por lo que en cada uno de los 24 ETCR se ubicó “un batallón completo del Ejército” protegiendo a los más de 3.000 excombatientes que están ahí, al igual que en los alrededores “tenemos un batallón completo de la Policía, dando la seguridad”.
Sin embargo, los conflictos mencionados están poniendo en riesgo la permanencia de estas unidades de la Fuerza Pública en los territorios. Caracol Radio conoció el caso del Espacio Territorial Ubicado en Caño Indio, en Norte de Santander, donde no le han pagado el alquiler al dueño del terreno donde se encuentra ubicada la fuerza pública. El propietario del predio, Alexander Vega, asegura que el Ejército Nacional no le ha pagado las cuentas pendientes.
Su contacto permanente había sido Jorge Cubides, funcionario de Fondo Paz que hasta el pasado mes de enero le había cumplido con las obligaciones. Al ver que no se le efectuaron los pagos, dialogó con el mismo funcionario y con coroneles del batallón de Tibú, que le pidieron que permitiera que los hombres permanecieran en el territorio, mientras se gestionaba el pago. Desde inicio de este 2019 nadie le da razón sobre los pagos del arriendo. Según Vega porque “lo pelotean” entre el Ejército, Fondo Paz, la Agencia para la Reincorporación y el Ministerio de Defensa. El valor del arriendo es de 1.500.000 pesos por una hectárea, donde hay aproximadamente 100 hombres de la fuerza pública, entre Policía y Ejército.
El dueño del predio afirma que por cuenta de la Policía no ha tenido inconvenientes con el contrato porque el costo lo asumió la Alcaldía Municipal. Sin embargo, es incierto el pago correspondiente al Ejército Nacional. Vega, propietario del predio le pide al Ejército y al Gobierno Nacional que se pongan al día con los pagos, o que saquen de la zona a los integrantes del Ejército, que hasta ahora han mantenido la seguridad y garantizado la vida de los ex combatientes que permanecen en el espacio de Caño Indio.
Esta misma situación se estaría registrando en las otras 23 zonas que hasta el pasado 15 de agosto se conocieron como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Con el cambio de la figura jurídica, los dueños de los territorios donde se ubica la fuerza pública no saben que pasará hacía futuro con la responsabilidad del pago del alquiler de sus predios, que en todo el país suman apenas 220 millones de pesos al mes. Mañana, en la Casa de Nariño, los principales funcionarios responsables de la implementación de la paz, trabajarán en solucionar este inconveniente y expedir el decreto que dejará en claro cómo seguirán funcionando los ETCR.
