El juzgado tercero Administrativo de Bogotá rechazó la ola de nulidades que interpusieron varias entidades municipales y nacionales, que pretendían tumbar el fallo que congeló la modificación a la Ley de Garantías, al considerar que no tienen legitimidad para intervenir en el proceso judicial.
“PRIMERO. Rechazar las solicitudes de nulidad presentadas por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, los municipios de Ibagué e Inírida y por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO. Negar la solicitud de nulidad propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los municipios de Pasto, Leticia, Montería, Manizales, Pereira, Tunja, Quibdó, Gamarra, y Popayán, así como los Distritos Especiales de Cali y Barranquilla, conforme lo expuesto en la parte motiva”.
El juez le dio la razón al demandante, el abogado Miguel Ángel Bravo y concluyó que esas entidades no están actuando en nombre del Estado, sino que pidieron la nulidad a nombre de un sector en específico, más no de los intereses de los colombianos en general, sino de los intereses del legislativo y el Ejecutivo.
“(…) no tienen la capacidad legal ni constitucional de representación frente a las entidades respecto de las cuales predican la falta de vinculación al proceso” señala el documento.
