El empresario Emilio Tapia, condenado por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad en el caso de corrupción de Centros Poblados, que resultó en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a llevar internet a escuelas rurales en Colombia.
Y, por participar ilegalmente en dos procesos de contratación en ‘Emcali‘ relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino.
Tapia continuará privado de la libertad en una cárcel de Barranquilla, tras ser condenado a una pena de seis años y cuatro meses de prisión. Además, tendrá que devolverle al Estado $5.063 millones de pesos.
Según la Fiscalía, “hasta el momento ha restituido 2.532 millones de pesos, a través de ocho títulos judiciales. El 50% restante lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos que deberá presentar en abril y octubre de 2025. Por ahora, el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín (Antioquia)”.
Asimismo, el contrista cordobés se comprometió a colaborar como testigo en la investigación de la Fiscalía, y entregar información crucial sobre otros implicados.
A través de la negociación, que fue avalada en las ultimas horas por un juez, Tapia reconoció que cometió los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento público. Igualmente, realizará un acto de excusas públicas.
“Sí, señor juez, me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta todo lo explicado por la doctora Diana, en el entendido que los delitos se cometen por acción y omisión”, dijo Tapia en audiencia en la tarde de este jueves 21 de noviembre.
