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Eln se atribuye asesinatos y hostigamientos a fuerza pública en Arauca, Casanare y Cundinamarca

La guerrilla del ELN, el frente de Guerra oriental, comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, se atribuyó varias acciones adelantadas en el departamento de Arauca, Casanare y Cundinamarca.

Lo hicieron a través de un comunicado, el que ha circulado a través de las redes sociales y físico en poblaciones del oriente colombiano. En la misiva el grupo insurgente precisa que el año que termina ha sido en año de mayores dificultades para la cales popular en lo económico, derechos humanos y soberanía por el gobierno de Juan Manuel Santos, del que hacen serios cuestionamientos.

En uno de los apartes precisan que la Paz se ha convertido en un sofisma de distracción para que una seria de reformas camine y se aprueben por el Congreso en detrimento del pueblo y los intereses populares.

Argumentan señalando que el accionar militar del ELN es una respuesta revolucionaria al gobierno nacional, del que puntualizan es un régimen de dominación y opresión, el que mantendrá contra las fuerzas del Estado colombiano.

Dentro de las alteraciones de orden público registradas en los últimos meses en el departamento de Arauca, se atribuyen la del asesinato de dos uniformados de la policía nacional en el municipio de Saravena, de quien se llevaron los dos fusiles; la del ataque de policía de este mismo municipio, aduciendo que hubo seis lesionados.

También se atribuyen el asesinato de dos militares de inteligencia en el sector de Barrancones en Fortul, a quienes señalan como profesionales y en misión de espionaje donde se recuperó una subametralladora Uzi 9 milímetros y una pistola Pietro Beretta del mismo calibre.

Igualmente se hacen responsables del ataque a una garita de la estación de Policía del municipio fronterizo de Arauquita, como el asesinato de un uniformado de esta misma institución en el municipio de Arauca, capital del departamento, mientras que en Casanare manifiestan que recuperaron un fusil Galil 5.56 a la fuerza pública.

Por su parte, en Cundinamarca se atribuyen los atentados contra las torres de energía eléctrica, así como a los intereses de las empresas petroleras en la región por el saqueo de los recursos minero y hostigamientos constantes contra la fuerza pública.

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