Desde el 3 de febrero en el despacho de la ministra de salud, Carolina Corcho, se encuentra un derecho de petición radicado por 7 exministros de salud, 11 exviceministros de la cartera y un exmagistrado de la Corte Constitucional. El documento tiene una serie de 15 preguntas que este grupo multidisciplinar elaboró para conocer el detalle y alcance de lo que hasta ese momento se conocía del proyecto de ley.
La primera respuesta extraoficial de la cartera de salud a esta solicitud, señaló que el texto de la reforma que llegaría al Congreso resolvería la mayoría de las inquietudes. El pasado 13 de febrero se conoció el articulado y el grupo de exministros concluyó que el texto “no responde a las preguntas que están contenidas en el derecho de petición”, según indicó Augusto Galán, exministro de salud y coautor del cuestionario.
El derecho de petición contiene inquietudes enfocadas en cinco ejes fundamentales: participación en el proceso de consideración, deliberación y aprobación de la reforma; cumplimiento de mínimos constitucionales de la política pública en la que se enmarca la reforma estructural; razonabilidad, proporcionalidad y progresividad de la propuesta; régimen de transición y sostenibilidad del proyecto de ley.
El exministro Galán señaló algunos de los aspectos sobre los que aún no hay respuesta. “Una reforma estructural requiere de un plan público transparente con planes e indicadores de avance bien definidos, eso no está. También se necesita respuesta el financiamiento, así como definir una transición clara, con mecanismos y herramientas que permitan monitorear el avance en los objetivos propuestos”, dijo el exfuncionario de gobierno y hoy director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud.
Finalmente, se manifestó que aún no hay respuesta sobre un verdadero proceso de participación ciudadana en el marco del proceso de construcción de la reforma que adelantó el gobierno durante los últimos meses.
