La historia de cómo surgió esta información demuestra, una vez más, la falta de coordinación entre los integrantes del gobierno que tratan de avanzar en el camino de la “Paz total”, la iniciativa del presidente Petro para reducir la violencia en Colombia.
Lo primero que hay que decir es que la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y el propio mandatario de los colombianos, aclararon que el fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos. Ahora, la discusión sí se dio en la mesa de negociación con el ELN en La Habana, donde terminó el tercer ciclo de conversaciones con esa guerrilla.
Entre los delegados del gobierno, sí se pidió que se abriera la discusión alrededor del cese de las hostilidades. El ELN, como históricamente ha respondido ante este pedido, contestó que sí, pero que eso requería, antes, una financiación, es decir, que se les pagara para que dejaran de delinquir. La guerrilla, sin embargo, sabe que esto es imposible: ningún país en el mundo puede aportar plata mientras el ELN siga armado, y mientras no exista un compromiso para la desmovilización y dejación de las armas. En ese momento, dos de los más importantes negociadores del gobierno, el senador Iván Cepeda y el comisionado de la paz, Danilo Rueda, consideraron la posibilidad de pagar a los combatientes que no cometieran actos violentos. A partir de allí, surgieron los comentarios que llegarían luego a distintos medios de comunicación.
El primer negociador del gobierno que planteó el tema del cese de hostilidades fue el almirante Orlando Romero, militar, quien solicitó que se incluyera en la mesa, lo que quiere decir que, formalmente, no se estaba discutiendo todavía. Entonces, no se trató en la mesa como parte de la agenda, pero sí se dio como una respuesta a una pregunta que hace el gobierno: ¿por qué no incluir el cese de hostilidades? En este punto, hay que recordar que Estados Unidos tiene el ELN como grupo terrorista desde 1997, la Unión Europea desde 2004, y el gobierno de Canadá desde el 2003. En la experiencia con las FARC, solo hasta 2021, cinco años después de la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y esa guerrilla, el gobierno de Estados Unidos retiró a esa organización de esa lista.
Ahora, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, su gobierno iba con una postura fuerte en el año 2002, cuando retomó el proceso que había quedado suspendido en la administración de Andrés Pastrana. Sin embargo, en agosto de 2003, tanto el ELN como las FARC anunciaron que mientras fuera presidente Uribe, ellos no adelantarían “ningún proceso de acercamiento político y diálogo nacional”. El fin de semana, el expresidente Uribe reconoció en su Twitter que sí consideró pagar al ELN para que dejaran de delinquir: “Esto dije de presidente, de buena fe, en público, acertada o equivocadamente. La seguridad es camino de paz, disuade al delincuente. Desmovilizamos 53.000 que delinquían. Sin impunidad absoluta”. En su momento, en 2003, Uribe dijo: “Si una organización guerrillera asume el compromiso de dejar ese delito, como gesto de buena fe en favor de la paz, se le puede buscar financiación”. Finalmente, como pasa ahora, esta propuesta es inviable mientras la guerrilla no se comprometa con la dejación de armas, y con una completa desmovilización.
