El excanciller Alvaro Leyva cuestionó el fallo de la Procuraduría que lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos por irregularidades en la suspensión de la licitación de pasaportes. De acuerdo con Leyva, apelará el fallo que para él es “político y mezquino”.
“En el juicio disciplinario quedó probado, más allá de toda duda, el direccionamiento del proceso licitatorio. De ello dieron cuenta los soportes documentales, numerosos testimonios e incluso la Fiscalía General de la Nación cuando de manera desprevenida y objetiva concluyó que las exigencias de los pliegos solo podía cumplirlas un proveedor. Así fue demostrado en forma contundente por los abogados que me asistieron como defensores de confianza”, indicó el canciller.
Asimismo, Leyva arremetió contra la procuradora Margarita Cabello. “Por lo pronto ha quedado claro que con la decisón tomada hoy por la Procuraduría, la señora saliente de la cabeza del Ministerio Público le ha hecho la venia a quienes considera deben ser intocables. Y bien ha quedado claro de igual manera que lo actuado goza del vicio de nulidad”, aseguró Leyva.
Por último Leyva se mantuvo en que la licitación de los pasaportes estaba diseñada para que se la quedara Thomas Greg and Sons.
“El pliego de condiciones había sido diseñado para favorecer a una única empresa. Se mantuvo una apariencia de libre concurrencia cuando en realidad el ganador estaba predeterminado. Se confeccionó un pliego que no dejaba margen a la competencia, favoreciendo a una empresa que ha sido contratista durante más de tres décadas”, puntualizó el Canciller.
Tal y como lo reveló Caracol Radio, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, al encontrar probado que desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.
“La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal”, indicó.
