Una fiscal delegada ante la Corte Suprema imputó el delito de prevaricato por acción al excanciller Álvaro Leyva por presuntamente haber expedido actos administrativos contrarios a la ley en el polémico proceso de contratación de los pasaportes.
Básicamente la imputación se centró en que el excanciller Álvaro Leyva desató toda una crisis en medio de esa licitación para evitar que ese contrato quedara en manos de Thomas Greg & Sons era la única oferente.
Para la Fiscalía, Leyva expidió tres resoluciones contrarias a derecho.
La primera fue la resolución 7785 del 13 de septiembre de 2023 que declaró desierta la licitación.
La segunda resolución, fue la 7540 del 14 de septiembre que negó el recurso de reposición que interpuso la Unión Temporal pasaportes 2023, de la que era parte Thomas Greg & Sons
Y la tercera resolución fue la 7541 del 14 de septiembre de 2023 que ordenó la declaratoria de urgencia manifiesta, y que permitía suspender ese proceso y adjudicar a dedo.
Inicialmente, el comité evaluador recomendó entregar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió los requerimientos exigidos. En ese sentido, se citó para la adjudicación pública; pero, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán expidió la Resolución 7485 por medio de la cual declaró desierta la licitación con el argumento de que se presentó un solo oferente.
Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, Leyva Durán puso en riesgo la emisión de pasaportes, violó el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar del país libremente y a pesar de tener la posibilidad de corregir los errores cometidos al declarar desierta la licitación no lo hizo
El ex canciller Álvaro Leyva no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó
La defensa del excanciller Álvaro Leyva dice que su cliente no actuó de manera caprichosa, tozuda ni arbitrariamente como lo aseguró la Fiscalía. Esto dijo el abogado Roberto Badel García.
