Para el Comité de la Regla Fiscal se hace imperativo acelerar el desmonte de los subsidios que el gobierno nacional viene otorgando al precio de los combustibles en el país. El presidente del Comité, Juan Pablo Córdoba señaló que el subsidio a los combustibles afectará las cuentas del Gobierno en el mismo año en que se causa, sumando transparencia al cumplimiento de las metas fiscales y aseguró que el comité estima que en el presente año el déficit del Fondo de Estabilización de Precios a los combustibles podría estar por el orden de los $ 34,4 billones.
Agregó que subsidiar los combustibles pareciera que no es muy consistente y tiene un altísimo costo fiscal para el Gobierno y de ahí que se hace imperativo cerrar la brecha fiscal. De acuerdo con Córdoba los incrementos graduales que se han planteado en el marco fiscal de mediano plazo tanto para la gasolina como para el ACPM se tienen que cumplir, con el fin de no afectar el manejo de las finanzas públicas.
Explicó que en el marco fiscal de mediano plazo da cuenta del esfuerzo del Gobierno nacional para consolidar las cuentas fiscales tras la pandemia del COVID-19, de acuerdo con las necesidades de inversión y gasto y con las restricciones presupuestales, de financiamiento, y aquellas propias de la regla fiscal, logrando un ajuste significativo del déficit para 2022. Hace un año se proyectaba un desbalance de $83 billones de pesos en las cuentas de la Nación, y hoy, gracias al buen crecimiento económico, los altos precios del petróleo y la gestión de la DIAN, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) prevé un déficit de $75 billones de pesos.
Señaló que el déficit, según las estimaciones del marco, pasaría de 7,1% del PIB en 2021, a 5,6%, 3,6%, y 2,0% del PIB para los años 2022 a 2024, respectivamente, mostrando ajustes importantes, por encima de lo planeado en la anterior entrega del Marco, hace un año.
“Pese a estos resultados, los déficits producidos en los años de pandemia, la depreciación del peso y la inflación han llevado el endeudamiento del Gobierno a niveles históricamente altos, al punto en que no sería prudente aumentar la deuda. Más de un cuarto de los ingresos tributarios de la nación deberán destinarse al pago de intereses en 2022. Esta obligación disminuye la capacidad del Gobierno de invertir en otros programas”, comentó.
