Tras la publicación de un artículo en medios de comunicación sobre el proceso de formulación del cupo global para el aprovechamiento del chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió una serie de aclaraciones dirigidas a la opinión pública.
La cartera ambiental reiteró que el proyecto normativo que busca establecer un cupo global para la caza comercial de esta especie se fundamenta en criterios técnicos, científicos y jurídicos, bajo un enfoque de sostenibilidad y bienestar animal.
“El proceso cuenta con el respaldo de más de 20 años de estudios sobre la biología, dinámica poblacional y estado de conservación del chigüiro en las sabanas inundables de la Orinoquía. Estas investigaciones han sido lideradas por universidades públicas, institutos científicos y autoridades ambientales regionales”, señaló el Ministerio en su pronunciamiento.
Contrario a lo señalado en el artículo periodístico, el Ministerio aseguró que se han dado pasos firmes hacia la implementación de una estrategia de uso sostenible con enfoque en bienestar animal. Para ello, se ha convocado a expertos en diversas áreas, quienes han contribuido al análisis y construcción del borrador de resolución que regula este tipo de aprovechamiento, una medida que la entidad califica como “sin precedentes” en el manejo de fauna silvestre en el país.
De acuerdo con la propuesta, el cupo global fijaría un límite máximo de caza con base en monitoreo constante, aplicando principios de manejo adaptativo y precaución, con el fin de evitar impactos irreversibles en las poblaciones naturales.
El Ministerio también aclaró que el proceso ha sido interno y técnico, y que continuará desarrollándose de manera transparente y participativa. Las opiniones de los expertos seguirán siendo analizadas en conjunto con las autoridades ambientales competentes, para asegurar la coherencia normativa antes de su expedición.
“El aprovechamiento sostenible del chigüiro no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad de conservación. Esta regulación desincentiva la caza furtiva, fomenta el control del hábitat y empodera a las comunidades rurales”, concluye el comunicado.
La propuesta se enmarca en el cumplimiento de la Ley 165 de 1994, que ratifica en Colombia el Convenio sobre la Diversidad Biológica, promoviendo el uso legal y sostenible de la fauna silvestre.
