El Ministerio de Justicia publicó el borrador de un decreto con el que regula la autorización de posesión, cultivo y uso de semillas de amapola, coca y cannabis con fines médicos, científicos e industriales. La prioridad del gobierno, es que ese tipo de plantas que tienen como destino el narcotráfico, pasen a ser usadas para fines legales que beneficien a las comunidades campesinas y étnicas que han sufrido el impacto del conflicto armado y le economía ilegal de las drogas.
Actualmente no existen licencias para cultivo de amapola o coca. Esta sería la primera vez, y la vigencia de las autorizaciones se extendería hasta cinco años, renovables con solicitud previa.
¿Qué busca este decreto?
Completar el marco normativo que permita al Consejo Nacional de Estupefacientes otorgar permisos para el cultivo y uso de semillas de plantas de coca y amapola, así como el uso de plantaciones que no posean licencia de esas dos plantas y de la de cannabis.
Incorporar a organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicados en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico, para que puedan ser incorporadas en economías lícitas, con la supervisión y el apoyo del Estado.
¿Quiénes serán los beneficiados?
En armonía con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo y la nueva Política Nacional de Drogas, mediante la expedición de este decreto se busca que los principales beneficiados sean las organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicados en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico como forma de contribuir a los procesos de reconversión económica.
¿Qué se puede hacer con la coca?
Mediante este decreto se viabiliza la posibilidad de hacer uso de la planta de coca para fines médicos, científicos e industriales. Dentro de los fines industriales estaría incluida la producción de hoja de coca para elaboración de fertilizantes, bioinsumos, polímeros, pigmentos entre otros.
¿Cómo pedir el permiso?
Realmente son tres permisos, la autorización de posesión de semillas, la licencia de cultivo y la autorización de uso de plantaciones.
No se incluye a cannabis en la autorización de posesión de semillas ni en la licencia de cultivo, toda vez que para el desarrollo de estas actividades ya se cuenta con un marco normativo especial que corresponde a la Ley 1787 de 2017, el Decreto 811 de 2021 y sus regulaciones técnicas y en ese sentido este decreto no podría modificar estas normas.
La persona interesada deberá presentar su iniciativa ante la entidad pública competente dependiendo del tipo de proyecto o actividad que se pretenda adelantar. Dicha entidad pública una vez analizada la viabilidad y procedencia de la iniciativa podrá apoyar su ejecución presentando el proyecto ante el Consejo Nacional de Estupefacientes para solicitar la autorización de posesión de semillas de plantas de amapola y coca, la licencia de cultivo de plantas de amapola y coca o la autorización de uso de plantaciones de amapola, cannabis y coca, según corresponda.
Es importante tener en cuenta que las investigaciones y proyectos que se presenten ante el Consejo Nacional de Estupefacientes deberán contemplar el asocio con organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicados en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico.
¿Cómo evitar que la coca se desvíe al narcotráfico?
Como medida para mitigar el riesgo de desvío, las entidades públicas serán las responsables de solicitar los permisos ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, así como de la ejecución de las actividades.
Adicionalmente en el decreto se crea el Comité de evaluación, seguimiento y control de autorizaciones y licencias del Consejo Nacional de Estupefacientes (Comité ESCAL), que será el encargado de realizar el seguimiento permanente respecto de los permisos que otorgue y de esta manera evitar que haya desvío a economías ilícitas.
Asocio con organizaciones campesinas y proyectos en zonas de conflicto
Es una condición general para acceder a las autorizaciones y licencias, pues lo que lo busca esencialmente este decreto es contribuir a los procesos de reconversión económica y desarrollo rural, bajo un enfoque de justicia social. Es indispensable que las organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicados en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico puedan usar estas plantas para la generación de una industria lícita, con la supervisión y el apoyo del Estado.
